Calificar de circo el pleno del ayer del Parlament convocado por el inhabilitado Torra para arremeter contra la Monarquía -y de paso para desviar la atención sobre su pésima gestión de la pandemia– no es lo más acertado.

No ya porque injusto es desmerecer así a los trabajadores del espectáculo más grande del mundo, sino porque lo sucedido es de una enorme gravedad institucional. El Parlament volvía a desafiar así al Tribunal Constitucional, que ya ha prohibido otros intentos de reprobar al Jefe del Estado desbordando sus competencias y causando daño a los símbolos comunes.

El independentismo sigue instalado en el desafío permanente al Estado y en el desacato. Sus hipócritas ataques a la Corona –de los Pujol no hablan– sirven para mantener vivos el proceso golpista y la estrategia rupturista con España.

Corresponde al Gobierno, y en concreto al presidente Sánchez, no solo velar por la dignidad de las instituciones sino también aclarar si con estos sujetos va a volver a sentarse a una mesa para hablar de cómo cuartea la nación.

Confiemos en que el nuevo desafío del Parlament no quede impune y que el Constitucional no deje caer en saco roto sus advertencias.

Pero tampoco entenderían los ciudadanos que diputados autonómicos puedan parapetarse tras su inmunidad parlamentaria para verter injurias contra la Familia Real como las escuchadas ayer.

El Mundo