UNA INHABILITACIÓN JUSTA Y NECESARIA

La inhabilitación automática como diputado del Parlamento de Cataluña, y por tanto como presidente de la Generalitat, de Joaquim Torra, acordada por mayoría de la Junta Electoral Central tras su condena penal por desobediencia, abre un escenario político incierto, y aún más complejo si cabe para el inicio de la legislatura.

Como primera providencia, y por más recursos que pueda plantear Torra, el mandato de la Junta es ejecutivo. Es decir, debe abandonar su escaño y el Gobierno catalán en cuanto le sea notificada la resolución en los próximos días. Va de suyo que Torra se declare en rebeldía, que se niegue a abandonar la presidencia, que se declare víctima de un sistema injusto y que vuelva a considerarlo una afrenta antidemocrática de un Estado represor, como siempre sostiene el independentismo.

Sin embargo, la ley es la ley, y como tal debe cumplirse. Lo de menos es que la Junta se haya dividido en dos bloques para dirimir el recurso planteado por el Partido Popular. De hecho, lo relevante es el clima de convulsión que a buen seguro volverá a instalarse en Cataluña, con el PDECat y ERC en plena ruptura de consensos internos en la Generalitat, y con la investidura de Sánchez condicionada después de que Esquerra aceptase abstenerse a cambio de las cesiones acordadas por el PSOE.

La destitución de Torra debe ser un hecho en cuestión de horas o días, y el Estado no puede plegarse a nuevas condiciones del separatismo para no ejecutar esa decisión, por mucho que pueda alterar los planes de Sánchez, ahora empeñado, como sus socios separatistas, en marginar a los tribunales para resolver un «conflicto» que para él ya no es penal, sino político.

Lo que pueda ocurrir desde esta mañana, cuando empieza la sesión de investidura, hasta la votación definitiva del próximo martes, es un misterio. Torra podría incluso convocar elecciones anticipadas antes de ser formalmente destituido, y dejar en entredicho el respaldo de ERC a Sánchez. Anoche, Esquerra ya expresó su solidaridad con Torra y algunos de sus dirigentes hablaron de «aberración jurídica» o, incluso, en palabras de Gabriel Rufián, de «golpe de Estado».

El separatismo lo interpretó como una aplicación alternativa del artículo 155 de la Constitución, y su reacción puede ser desmedida. Al final, con el independentismo siempre se trata de lo mismo: el nulo respeto por la legalidad, y el desprecio absoluto por las decisiones administrativas y judiciales de los tribunales y organismos públicos.

La Generalitat pretende tener patente de corso para sus planes de autodeterminación, y lamentablemente es Pedro Sánchez quien ha puesto la autopista necesaria para ello, al deslegitimar la vía judicial para combatir al separatismo. El Estado debe protegerse frente a quien lo agrede, aunque haya sentencias y fallos que quiten apoyos y obstaculicen la carrera presidencial de Sánchez.

ABC

viñeta de Linda Galmor