El enfrentamiento en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez por el anteproyecto de ley relativa a la transexualidad no es un episodio más de discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE. Se trata de una controversia que afecta a una seña de identidad de la izquierda, el feminismo, y sustituye por completo el debate entre conservadores y progresistas por la oposición del feminismo al extremismo LTGBI.

Es evidente que existen personas que, a lo largo de su vida, consolidan una disparidad entre sexo biológico y género. Son una minoría, pero no por ello su situación no merece respeto y atención por los poderes públicos. La cuestión es, precisamente, hasta dónde debe llegar el acogimiento por las administraciones públicas de las demandas que plantean estas personas.

Vivimos una época en la que cualquier aspiración individual, siempre que encaje en el credo progresista, debe llegar a la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, obligar a las administraciones públicas a satisfacerlo sin otra consideración que la voluntad de la persona.

En el guion sobre la identidad sexual, como materia de política pública, se ha decidido por el oficialismo progresista que no cabe el debate acerca de la seguridad jurídica, de la realidad biológica, de los derechos de otras personas y, en general, del modelo de sociedad.

No se contempla la posibilidad de que para respetar identidades individuales minoritarias no haga falta alterar todo el sistema jurídico de la educación, la sanidad, el deporte, el empleo o la función pública, sino aplicar de forma proporcionada la prohibición de la discriminación que ya prevé la Constitución de 1978.

El anteproyecto de ley sobre los derechos de los transexuales es un paradigma, no de protección de derechos, sino de imposición de un modelo social basado en una negación de la realidad. El legislador ha decidido que el ser humano ya no nace hombre o mujer, sino con un sexo «asignado» no se sabe por quién.

Por esto mismo, si este proyecto se convierte en ley, será probablemente una de las mayores agresiones sufridas por el feminismo en los últimos tiempos. La condición biológica de mujer, por la que tantos millones de mujeres sufren maltrato, explotación, agresiones y discriminación, queda relegada a una opción asumible o prescindible por la persona.

Y, en efecto, con el anteproyecto de ley en la mano, un maltratador puede inscribirse en el Registro Civil como mujer, sin dar explicaciones, sin justificar su identidad de género. No es una exageración, sino una aplicación práctica de lo que dice el anteproyecto. Ser mujer dependerá de un impreso administrativo.

El voluntarismo de un legislador sectario quiere derogar la identificación natural de hombre y mujer, diluye a las personas «trans» en un proyecto de ingeniería social y desarma el feminismo de su legitimidad histórica.

El tratamiento de los menores en el anteproyecto del Gobierno es un despropósito jurídico y subjetivo, porque desconoce las oscilaciones que viven los niños y jóvenes en la percepción sexual de sí mismos durante estas primeras etapas de su vida y propicia cambios hormonales que pueden ser irreversibles.

Nada dice el anteproyecto de la retractación de una persona sobre su cambio en la identidad de género, ni de los conflictos de derechos con otras personas.

Este anteproyecto es un ejemplo del autoritarismo con el que ejerce el poder la izquierda menos democrática de este país.

Ignora la realidad, y no pretende cambiarla siquiera, sino suprimirla con el Boletín Oficial del Estado, tratando a las personas que dice defender como conejillos de indias de sus experimentos sociales.

ABC

viñeta de Linda Galmor