A falta de músculo político y de capacidad para dar respuesta a la grave crisis sanitaria, económica y social desatada por la pandemia, el Gobierno de PSOE y Podemos continúa empeñado en avanzar en su agenda ideológica.

La intención de Irene Montero, tal como avanza hoy EL MUNDO, es aprobar en breve la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans que, en palabras de la ministra de Igualdad, supondrá un «reconocimiento del derecho a la libre determinación de la identidad de género».

La propia Montero reveló que su idea es sacar adelante esta norma «lo antes posible». De hecho, el pasado viernes, el departamento del que es titular colgó en su página web un documento que abre el periodo de consulta pública hasta el 18 de noviembre, previa a la elaboración del proyecto de ley

La ley permitirá cambiar de sexo en el DNI simplemente declarando la identidad sentida -sin informe médico ni hormonas- y autorizará también a los menores de edad a pedir una rectificación registral incluso sin el consentimiento de sus padres, lo que resulta del todo punto inaceptable.

El borrador publicado por Igualdad contradice de plano la posición del PSOE, que asume el feminismo secular y el argumentario contra la teoría del transgenerismo queer -origen del conflicto- que firmó en junio la secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo.

Al margen del reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, materia en la que ya se ha avanzado en varias CCAA, la realidad es que el sexo es un hecho biólogo. Esta afirmación choca con lo que se recoge en la conocida como Ley Trans, lo que revela el oportunismo político y la intencionalidad ideológica de una legislación gestada no ya desde el acuerdo con la oposición sino sin consenso en el seno mismo del Ejecutivo.

El Gobierno debería centrar las prioridades en lugar de desviar el foco mediático abonando otra más de las guerras culturales de la izquierda.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor