UNA OUIJA PARA PEDRO SÁNCHEZ

Mientras usted lee el periódico, en España se está produciendo un hecho biológico determinante e inexorable. Se está extinguiendo la última generación de españoles que vivió la Guerra Civil. Están muriendo los que quedan con edad suficiente no ya para haber empuñado un arma, sino para conservar algún recuerdo, siquiera alguna brumosa vivencia infantil, de la salvaje contienda. Dentro de muy poco no quedará nadie que pueda decir que estuvo allí para verlo. La memoria, con sus nefastos aditivos del odio y la nostalgia, debería estar dejando paso de una vez a la Historia.

Hace ya algunos años se produjo otro hecho biológico que parecía determinante para este proceso necesario. José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer presidente de la joven democracia española que no tenía que justificar su pasado político. Tenía 14 años cuando murió el dictador y nadie iba a preguntarle si había corrido delante de los grises, como alardeaban tantas autobiografías imaginarias de demócratas de nuevo cuño. Pero la política no es aritmética y durante su Presidencia los españoles volvieron a hablar del pasado con la malsana pasión de otras épocas.

Hace ya más de una década desde que su Gobierno aprobó una ley que no se llama «de la memoria histórica», ese sintagma imposible, sino «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura».

El texto combinaba necesarias medidas reparadoras con la usurpación política de asuntos que debían resolverse en el ámbito judicial y numerosos señuelos propagandísticos que sólo pretendían soliviantar a una derecha, la del PP, que en 2002, nada menos que un 20 de noviembre y en sede parlamentaria, ya había condenado el golpe militar del 18 de julio y se había comprometido a ayudar a los exiliados y a quienes tenían algún familiar desaparecido o enterrado en una fosa común.

El PP llegó al poder y ni derogó ni reformó la ley. En estos 10 años desde su aprobación, las administraciones han borrado casi cualquier vestigio franquista de las calles, han retirado centenares de bienes del Ejército, han concedido la nacionalidad a exiliados y brigadistas internacionales, y han decretado la nulidad de más de 2.000 procesos. También se han seguido excavando fosas y desenterrando restos de represaliados en la Guerra Civil.

Es verdad que las asociaciones de familiares de desaparecidos se quejan de que, desde la victoria de Mariano Rajoy en 2011, se ha producido una drástica reducción del presupuesto para la búsqueda de los restos de los suyos, pero lo que ha urgido a Pedro Sáncheza actuar no es el dinero. Ahora que ya casi no quedan espiritistas en el Valle de los Caídos y que los efectos enardecedores de la ley de Zapatero se han extinguido, Sánchez se ha fabricado una ouija para volver a convocar a Franco al debate político.

Quizás la medida más llamativa de la reforma de la Ley de Memoria Histórica que plantea el PSOE sea la exhumación de lo que queda del dictador y su traslado de Cuelgamuros, pero lo esencial son otros dos entrecomillados. El primero tiene resonancias orwellianas y antecedentes latinoamericanos: «Comisión de la verdad». El segundo está en la exposición de motivos: «Esta medida imperativa no contaba con un mecanismo sancionador que garantizara su cumplimiento».

La proposición no sólo pretende establecer una memoria oficial, sino también imponerla. La comisión sería «un órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de establecer la verdad de lo ocurrido».

En cuanto al mecanismo sancionador, la proposición plantea la inclusión de un nuevo artículo 510 bis en la Ley Orgánica 10/1995, que incluye el castigo de seis meses a dos años de prisión a «quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo» y que las penas «se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información».

El objetivo no es la justa rehabilitación del represaliado, sino el establecimiento e imposición de una memoria oficial que, con sus aditivos, no deje paso jamás a la Historia.

Rafa LaTorre ( El Mundo )