UNA PROVOCACIÓN DE TORRA, QUE EL GOBIERNO NO DEBE TOLERAR

No ha tardado mucho en llegar la respuesta al ofrecimiento de diálogo que el Gobierno hizo el viernes, por boca de Íñigo Méndez de Vigo, al flamante president de la Generalitat. Anticipándose a los plazos previstos, Quim Torra anunció ayer la constitución de su equipo de gobierno, del que forman parte los consellers presos Josep Rull y Jordi Turull, así como Lluís Puig y Toni Comín, ambos fugados para no tener que responder ante la Justicia. Sin duda se trata de una nueva provocación irresponsable y sediciosa cuya consecuencia inmediata será que en Cataluña siga operando el artículo 155, ya que es imposible legalmente la constitución del Govern el próximo miércoles día 23, como se incluye en el decreto de nombramiento firmado ayer por Torra.

Según la Ley de Presidencia de la Generalitat, para que el Gobierno quede formalmente constituido todos sus miembros han de tomar posesión de su cargo. Y esto sólo sería posible si un juez autorizara la salida de prisión de Rull y Turull y luego ordenara su traslado a un centro penitenciario dentro de Cataluña (ahora están en Estremera, Madrid) desde el que pudiesen asistir telemáticamente a los consejos de Gobierno, como recordó el último dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley de Presidencia de la Generalitat. Pero además, tanto Puig como Comín deberían abandonar Bélgica y regresar a España, ya que sólo pueden tomar posesión de su cargo de manera presencial. Si eso ocurriese, antes deberían ponerse a disposición de la Justicia que tendría que decidir si ingresan o no en prisión.

Es obvio que Torra no tiene intención de gobernar y que sólo le mueve su deseo de mantener el pulso al Estado de derecho para continuar desarrollando el golpe institucional iniciado por Puigdemont. Los secesionistas sólo buscan el enfrentamiento con el Gobierno, por lo que es necesario frenar legalmente el decreto de nombramiento firmado ayer por Torra.

Pero no basta con eso. El Gobierno debe abandonar ya su parálisis y actuar enérgicamente contra quienes siguen empeñados en situarse al margen de la ley e insultar con sus decisiones a todos los españoles, que ven con creciente preocupación lo que sucede en Cataluña. No se entiende que el Gobierno de Rajoy no haya aplicado el 155 con mayor eficacia para desmontar las estructuras de poder y de control de la opinión pública del independentismo. Tampoco, que no haya explorado otra forma de respuesta que devuelva a Cataluña a la normalidad democrática. El Gobierno debe reflexionar sobre lo ocurrido y no puede seguir permitiendo la radicalización de los sediciosos, que han llevado la situación a niveles de gravedad intolerables.

El Mundo