UNA REFORMA EDUCATIVA NACIDA DEL SECTARISMO

La historia de las reformas educativas en España abunda por desgracia en ejemplos de sectarismo. Pero la que prepara la actual titular de Educación, Isabel Celaá, pulveriza todos los registros de unilateralidad. Celaá dio ayer el primer paso para derogar la norma actualmente vigente, la Ley Orgánica para la Mejora Educativa del PP, con el objetivo de sustituirla por un articulado que remite a la ley socialista de 2006, y todo con la comunidad educativa en contra.

Porque la ministra primero confeccionó el texto sin respetar los plazos de consulta pública y después lo abordó en el Consejo de Ministros sin que se pronunciaran con anterioridad el Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Estado o la Conferencia Sectorial de Educación.

El rechazo concitado por el borrador de la reforma es transversal, pues ha sido reprobado por todas las asociaciones de padres de alumnos y por la Conferencia Episcopal, pero también por los sindicatos: Comisiones Obreras advierte de que el texto «ignora al colectivo docente» y hasta UGT lo critica por «carecer de una memoria económica que sustente el articulado».

Es difícil poner de acuerdo a sectores tan opuestos en el mismo reproche. El inaudito comportamiento de Celaá solo se explica por la prisa de un Ejecutivo carente de gestión que exhibir ante el ciclo electoral que se le viene encima, así como por la necesidad de marcar perfil ideológico con el que reforzar la desvaída identidad de un Gobierno contradictorio y más débil que nunca.

El plan ministerial apuesta por reducir la posibilidad de repetir curso, eliminar las reválidas e introducir «flexibilidad» en el Bachillerato; es decir, se trata de socavar las bases meritocráticas de la cultura del esfuerzo en aras de una concepción buenista de la pedagogía, garrafal estrategia que, más que integrar a los alumnos en la vida escolar, dañará sus expectativas en la vida laboral.

La ministra se ha comprometido a que, cuando reciba los informes de los órganos consultivos, incorporará sus enmiendas al anteproyecto. Haría bien en empezar por el informe del Consejo Escolar del Estado que denuncia «la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado». Con socios separatistas, complicado.

El Mundo