UNA REGALÍA PENITENCIARIA

Con su decisión de consumar el acercamiento de los políticos catalanes presos, el Gobierno cedió ayer a una de las principales exigencias del independentismo, que lleva meses reclamando el traslado de los cabecillas del procés a cárceles de Cataluña. Sánchez abona así una de las hipotecas con las que llegó a La Moncloa. Y lo hace en vísperas de su reunión con Quim Torra, al que no ha dejado de enviar guiños desde que fue elegido presidente. Sánchez continúa empeñado en cerrar los ojos: ni se inmutó ante la reapertura de embajadas, ni protestó ante el nombramiento de la huida Serret como delegada del Govern en Bruselas, ni tampoco respaldó al embajador en EEUU tras la espantada del president en un acto institucional en el que se permitió la patética jactancia de humillar a la democracia española. El corolario -por ahora- a esta estéril política de distensión es acceder al acercamiento de seis presos por el proceso independentista, incluidos Junqueras y Forcadell.

Es un error mayúsculo trasladar a prisiones catalanas a los responsables de la intentona golpista. Primero, porque supone un gesto de debilidad evidente por parte del nuevo Gobierno. Segundo, porque la política penitenciaria es algo demasiado serio como para dejarla al albur de la ambición y los enjuagues partidistas de Sánchez. Y tercero porque, aunque el juez no tiene que tomar ya ninguna decisión sobre diligencias procedimentales, la realidad es que los líderes del proceso soberanista que ahora recalarán en cárceles de Cataluña pasarán a estar bajo custodia de la Generalitat, que dispone de las competencias en esta materia.

Resulta muy preocupante que el Gobierno se avenga a conceder una regalía de este calibre al separatismo en un momento en el que ni los presos han renunciado a la unilateralidad ni Torra ha ofrecido la más mínima señal que permita otear el regreso a la normalidad dentro del marco autonómico y constitucional. El independentismo se avino a formar gobierno para evitar la repetición de elecciones, y solo la acción de los tribunales impidió la investidura de candidatos con cargas penales. Que ahora se acerque a los políticos pocesados no hará más que dar alas a la causa secesionista y, además, pondrá en manos de Torra la custodia penitenciaria de presos que siguen siendo correligionarios políticos.

Además de elegir prisión, los presos podrían disfrutar de condiciones privilegiadas. Aunque la consellera de Justicia, Ester Capella (ERC), ha prometido que no habrá trato de favor, resulta difícil de creer que aquellas autoridades que aún siguen considerando “presos políticos” a quienes perpetraron el golpe de octubre, ahora traten a éstos como al resto de reos. Lo que ocurra a partir de ahora será responsabilidad de la Generalitat. Pero también de Sánchez, por transigir con quienes siguen lejos de asumir la responsabilidad y la lealtad institucional debidas.

El Mundo