La izquierda del ‘No a la guerra’ –campaña cuyo aparente pacifismo no logró tapar sus indisimulados objetivos políticos– se reconvierte en atlantista en función de las necesidades tácticas del Gobierno. La OTAN pasa de esta manera a ser una alianza virtuosa, el gasto en defensa adquiere un carácter progresista y el militarismo se transforma en exigencia para garantizar nuestros derechos y libertades.

En un guiño electoral a los votantes de la izquierda radical, Pedro Sánchez llegó a abogar antes de llegar a La Moncloa por la supresión del Ministerio de Defensa, departamento cuyas partidas, sin embargo, no han dejado de crecer  para cumplir los compromisos adquiridos con la OTAN –ignorados desde que en 2014 se acordó incrementar el gasto en defensa hasta el 2 por ciento del PIB–, organización cuyos socios han acelerado su proceso de rearme tras la invasión de Ucrania.

Este cambio de paradigma, forzado por la guerra declarada por Putin al mundo libre, choca con la cultura antimilitarista que la izquierda ha cultivado entre sus votantes, a los que en las últimas décadas no ha dejado de seducir con la idea de que cualquier inversión en defensa restaba fondos para el gasto social, pilar de un estado de bienestar en el que sobraban los tanques, los cazas y las fragatas.

La creación por parte de José Luis Rodríguez Zapatero de la UME, ya esencial en la lucha contra las adversidades naturales, vino a acentuar la concepción del Ejército como un organismo de carácter puramente humanitario, desprovisto de cualquier función ofensiva.

Los enfrentamientos entre el PSOE y Unidas Podemos a raíz del aumento de los presupuestos del Ministerio de Defensa explican por sí solos la dificultad de la izquierda para asumir como propio el discurso militar y renunciar a sus dogmas.

En estas circunstancias, adversas para la pedagogía de la cultura de la defensa, el departamento que dirige Margarita Robles ha decidido subvencionar a la Fundación Alternativas –dirigida por el exdiputado socialista Diego López Garrido y en cuyo patronato figuran antiguos dirigentes del PSOE, así como directores y exdirectores de medios afines al Gobierno– para que difunda el nuevo credo militarista del Ejecutivo y lo presente a la opinión pública como un avance social.

La Moncloa recurre a una ley de 2005, que prevé inversiones «con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales», para financiar una campaña de pensamiento y divulgación cuyos hacedores no son otros que los miembros de una fundación que «tiene como objeto colaborar en la renovación del pensamiento de progreso», según se puede leer en el BOE del pasado jueves.

El departamento de Robles aporta 22.000 euros para que este ‘think tank’ desarrolle y difunda argumentarios favorables al creciente gasto de su departamento, ahora compatible con un marco ideológico que de espaldas al sentido común, la responsabilidad institucional y el conocimiento de las amenazas que se ciernen sobre las democracias occidentales se empeñó en excluir al Ejército de los pilares de nuestro sistema de libertades.

Llega tarde y mal la izquierda española a un mundo en guerra, lastrada por sus complejos y obligada a pagar a intermediarios para que expliquen, de forma explícita o implícita, directa o indirecta, lo que durante demasiados años ha negado, que es la necesidad de dotar de medios a unas Fuerzas Armadas de las que depende no solo la seguridad nacional, sino el estado de bienestar que dice proteger.

ABC