UNA TRANSACCIÓN ECOLÓGICA INCIERTA

La petulancia del Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Ministerio para la Transición Ecológica a preparar una ley que, como admiten fuentes ministeriales, va a imponer obligaciones por encima de lo esbozado en el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. 

Solo en este afán de situarse un peldaño por encima de los expertos y de despreciar las voces de los sectores afectados se puede enmarcar el anuncio hecho público ayer: a partir de 2040 se prohibirá la matriculación y la venta, y en 2050 la conducción de todos los vehículos ligeros que emiten de forma directa dióxido de carbono. Es decir: los diésel y gasolina, por supuesto, pero también los híbridos e incluso los de gas.

Aunque todavía se desconoce si estamos ante otro de los globos sonda del Ejecutivo, el carácter prohibitivo de la ley es una pésima noticia. Compartiendo la misma preocupación medioambiental, nos parece lógico que una norma transitoria que pretende no solo cambiar los hábitos de la ciudadanía sino alterar la base de una de las industrias con más peso en nuestra economía -representa más del 10% del PIB y da trabajo a cerca de un millón de personas- debe articularse desde una perspectiva constructiva, no taxativa, en la línea de lo trabajado en Europa.

Así, el plan comunitario que busca una economía baja en carbono para 2050 establece una hoja de ruta que pasa, a corto plazo, por la mejora de la eficiencia de los motores de gasolina y diésel, opción más que factible según se está demostrando; y a largo plazo, por la potenciación de los vehículos enchufables, tanto los híbridos como los puramente eléctricos.

Para situar en un contexto elocuente la medida más controvertida del borrador, basten algunos datos que muestran que estamos ante un plan con pies de barro. Por ejemplo: pese a la vigente campaña de demonización del diésel, en lo que va de año la demanda de vehículos 100% eléctricos tan solo representa un 0,3% del total. Por otra parte, el Gobierno insiste en que con la prohibición España se equiparará a otros países a la vanguardia en materia medioambiental.

Pues bien: si en los últimos siete años se han dado 74,5 millones de euros en ayudas a la compra de vehículos alternativos en nuestro país, en Alemania solo desde 2017 se ha provisionado un programa de 1.000 millones de euros para modelos a pilas.

Si a esta palmaria falta de estímulos públicos le añadimos los elevados precios de los vehículos eléctricos para el ciudadano de clase media; la ausencia de una infraestructura amplia y rápida de suministro de energía alternativa; la ya elevada dependencia energética de España, así como sus altos costes; y la incertidumbre sobre si la materia prima alcanzará para afrontar tal reto -que pasa por la renovación total del parque automovilístico- invitan a pensar que el Ministerio ha sembrado la alarma sin pergeñar una transición ecológica viable.

El Mundo