El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Presupuestos que pasará a la historia, con cifras récord en sus epígrafes más importantes: un crecimiento económico sin precedentes del 7 por ciento, un techo de gasto inédito, una recaudación por el Impuesto de Sociedades que no se ha visto desde 2007 (cuando en España empezaba a estallar la burbuja inmobiliaria), y una inversión pública de más de 40.000 millones, en gran parte impulsada por unos fondos europeos sobre los que pesan muchas dudas.

Los beneficiarios de las principales partidas son los pensionistas y los funcionarios. También hay una serie de bonos y ayudas para los jóvenes, pero que son más fuego de artificio que realidad. Son unos Presupuestos de fábula en la cabeza de quien los haya concebido.

Hay que admitir que estas cuentas públicas en mitad de la que parece ser la última curva de la pandemia revestían una gran complejidad. El Gobierno debía acompasar la retirada de los estímulos públicos con la apertura de los distintos sectores económicos y acomodar la política fiscal a la evolución de la monetaria y a la reintroducción de las reglas de estabilidad que tarde o temprano volverán a regir.

Sin embargo, el Ejecutivo parece ignorar este hecho y cree que el recreo fiscal concedido por la pandemia durará eternamente. Más aún, y teniendo la posibilidad brindada por la rectificación del INE sobre el PIB del segundo trimestre de apostar por un escenario más prudente, ha preferido seguir adelante con sus deseos.

En su presentación, la ministra de Hacienda los ha bautizado como los Presupuestos de «la recuperación justa» y no hay rastro de una senda de consolidación fiscal que debería detallarse ante los mercados para mantener una cierta credibilidad.

En ese sentido, estas cuentas se parecen mucho a las que patrocinó José Luis Rodríguez Zapatero en el ejercicio de 2009, cuando proclamó su fe en el gasto público como salida a la crisis financiera global, justo antes de que la Unión Europea lo metiera en vereda y le obligara al duro ajuste de mayo de 2010.

El problema es que no sólo son unos Presupuestos muy desequilibrados hacia el lado del gasto, sino que contienen medidas que siguen penalizando el ahorro, como es la nueva reducción de las aportaciones individuales a los planes de pensiones.

Tampoco nos dicen mucho estas cuentas sobre el hachazo tributario que planea Pedro Sánchez -pendiente de lo que dictamine su comisión de expertos-, ni sobre las concesiones concretas que tendrá que hacer a esa miríada de socios que se tendrán que alinear detrás del proyecto cuando este salga a subasta parlamentaria.

ABC

viñeta de Linda Galmor