UNOS PRESUPUESTOS QUE PERJUDICAN AL CIUDADANO MEDIO

El Gobierno pretende que los españoles sean los que carguen con el grueso de la factura que cuesta la ambición de Pedro Sánchez de permanecer en La Moncloa a toda costa. Y para ello ha preparado una subida de impuestos con la que ambiciona recaudar la cifra récord de 227.356 millones, (lo que representa una subida de la recaudación de 20.000 millones, un 9,5% más que la lograda en 2018), incrementando las principales figuras impositivas, tal y como pactó Pedro Sánchez con el líder de la izquierda radical Pablo Iglesias en octubre.

Se pretende así hacer frente al fuerte incremento de más de un 3% del gasto consolidado tal y como se recoge en el proyecto de unos Presupuestos tan expansivos como irresponsables, que ponen fin a las políticas de austeridad que permitieron a España sortear la crisis económica iniciada en 2008.

A falta de conocer los detalles, que se presentarán en el Congreso el próximo lunes, cuando empiecen a tramitarse los Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó ayer un fuerte incremento del Impuesto de Sociedades. El total de las cargas fiscales que pagarán las empresas crecerá un 14%, ya que se impondrá un tipo mínimo del 15% (del 18% para la banca y las petroleras), se gravará con un 5% los dividendos del extranjero y se aplicarán las conocidas como tasa Google, para todas las grandes empresas digitales y tecnológicas (similar a la que impondrán países como Francia este año) y la tasa Tobin, para penalizar las transacciones financieras.

Además, también por exigencia de Podemos, que las considera responsables de la «burbuja del alquiler», se impondrá un castigo a las Socimis (que disfrutan de privilegios fiscales), las sociedades anónimas creadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para impulsar la inversión en el mercado inmobiliario.

Todas estas subidas de impuestos tendrán necesariamente un efecto negativo en la creación de empleo, al aumentar los gastos fijos de muchas empresas, que necesitarán hacer recortes y deberán frenar su ritmo de desarrollo. No es de extrañar, por tanto, que por segunda vez en tres meses el Gobierno haya rebajado una décima la previsión de crecimiento (que baja del 2,6% del PIB de 2018 al 2,2%) y haya incrementado en dos décimas la tasa de paro esperada, situándola en el 14%.

Pero aunque el Gobierno de Sánchez intente hacer creer que las nuevas políticas sociales las van a pagar la banca y las grandes empresas, lo cierto es que será de nuevo la clase media la que más contribuya al incremento de la recaudación. Lo que ingrese el Estado a través del IRPF subirá, según el Gobierno, un 4,9%, del IVA, un 11,7% y de los impuestos especiales un 11,8%, unas tasas demasiado optimistas en un contexto de desaceleración del consumo, de la inversión y del crecimiento.

De cumplirse estas previsiones, el ciudadano medio será el que más contribuya al esfuerzo a través de los impuestos directos, como el de la Renta, y de los indirectos, como el IVA, ya que el consumo interno sigue siendo el motor económico del país. También, a través de tasas confiscatorias como la del diésel.

Lo más preocupante, sin embargo, no son unos Presupuestos que ponen en peligro la consolidación de la recuperación económica. Son las contrapartidas políticas que exigirán los independentistas catalanes para darles su apoyo en el Parlamento. La debilidad de Sánchez está reforzando a un Puigdemont fugado, que desde Waterloo decidirá sobre la estabilidad de España.

El Mundo