Parto de la base de que no soy médico ni virólogo, por tanto, yo simplemente hago preguntas que el sector científico no aclara, referidas a la vacunación con criterios universales para frenar el Covid.

Pese a que tengo más de 70 años y factores de riesgo no me he vacunado, ya que sigo sin entender por qué casi se obliga a hacerlo cuando aún no se han despejado las posibles consecuencias derivadas a medio y largo plazo por una tecnología médica de carácter génico que no ha tenido la correspondiente experimentación porque no ha habido tiempo para hacerla.

A esta pregunta se responde por las autoridades y una parte de los expertos que el balance entre el riesgo y el beneficio de la vacunación está del lado del beneficio, pero no nos dice nadie en qué razones de carácter estadístico o experimental están basadas estas afirmaciones cuando aún no ha transcurrido el tiempo necesario para sacar ninguna apreciación de esta naturaleza que lleve a no equivocarse.

Partamos del supuesto de que las reservas de la gente como yo sean equivocadas y no hay ninguna consecuencia severa que justifique la no vacunación. Suponiendo que sea así, y los especuladores sobre los daños colaterales de dicha vacuna, aún con casos descritos que han padecido efectos negativos más que relevantes, generemos voces de alarma injustificadas o puros clamores negacionistas (palabro que se adjudica a todo librepensante tenga o no recelos respecto a vacunas experimentales como es esta) la pregunta es si está justificada la vacunación a niños.

Tengamos en cuenta  que los niños carecen de libre albedrio por su naturaleza inmadura y la dependencia que tienen de la voluntad de sus tutores.

Tengamos en cuenta que, en el caso más prosoviético de los que barajan la idea de que los niños son parte del Estado y éste toma la decisión supeditando a  quienes  las convenciones de Derechos Humanos atribuyen la determinación última, es decir, los padres, cabría, aún en la peor de las circunstancias, preguntarse si el principio del “superior interés del niño”, ya de por sí vulnerado en España por razones educativas, no rige sobre las decisiones administrativas, e incluso sobre la voluntad de unos padres a los que se les niega la más mínima información médica.

Y cuando digo información médica me refiero a la medicina diferencial en función de las etapas de desarrollo en la infancia y de la casuística de enfermedades que deben condicionar una prescripción responsable de fármacos, como, en definitiva, es la Vacuna llamada de inmunización Covid, que no parece ser inmunitaria como tal sino un paliativo contra los efectos de la enfermedad.

¿Si los niños no sufren significativamente la enfermedad, sino solamente son transmisores débiles (términos empleados por los expertos que no se afianzan en las políticas sanitarias sustentadas en seguridades experimentales) qué sentido tiene que sean vacunados, sin ninguna consideración respecto  al futuro de su seguridad sanitaria?

Y si no hay ninguna contraindicación relevante desde un punto de vista estadístico, cuestión que no es posible afirmar puesto que aún no pueden reunirse datos suficientemente significativos a efectos estadísticos, pues no hay precedente, ¿por qué no se demuestran desde un plano estrictamente científico las pruebas científicas de que no hay efectos a medio y largo plazo en el desarrollo de unos individuos que las sociedades y sus tutores están obligados a proteger, porque no son dueños de su propio destino?

 Hay cosas que son incomprensibles.

Si un día se demuestra que estas decisiones son irresponsables y sus consecuencias irreversibles, ¿a quién pedimos responsabilidades?  ¿A los colegios médicos? ¿A los gobernantes? ¿A la OMS?

Yo solamente demando responsabilidad; y todo lo que está ocurriendo me induce a pensar que este valor que da categoría de autoridad moral a los que con tanto celo inducen a este tipo de comportamientos generalizados tienen todo menos responsabilidad, y sobre todo responsabilidad civil, administrativo o  penal.

Ernesto Ladrón de Guevara ( El Correo de España )