Días atrás, la familia perseguida por la Generalitat de Cataluña por haber exigido que su hijo recibiese, como establecen los tribunales, el 25 por ciento de sus clases en español reclamó en una carta abierta valentía a muchas otras familias acosadas por el independentismo y su excluyente política de inmersión lingüística.

ABC da cuenta hoy del coraje cívico de otra familia más que hace público el acoso al que está siendo sometida. Y lo hace a cara descubierta, no como el consejero catalán de Educación, de ERC, que predica una cosa y hace otra distinta, llevando a sus hijos a un colegio concertado que sí respeta esa cuota porcentual.

Es inédito que la reclamación de derechos esenciales, y la exigencia de cumplimiento de las sentencias, se tengan que convertir en una odisea.

Porque son los separatistas quienes se rebelan, quienes incumplen y quienes desobedecen.

El estigma sobre quien quiere aprender en español en España debe acabar de una vez por todas.

Ya tiene faena por delante la ministra Pilar Alegría, que debería dejar de actuar como cómplice del independentismo en sus reuniones con otras autonomías.

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