Si algo revela la experiencia de la lucha contra el terrorismo de ETA es que su brazo político pocas veces esconde sus objetivos, ya sea con muertos sobre la mesa o alrededor de una mesa de negociación. Cuando Arnaldo Otegi dijo que merecía la pena votar los Presupuestos a cambio de acercar o excarcelar presos de ETA no estaba expresando un futurible.

Estaba describiendo con máxima precisión la política de pactos subterráneos mantenida con el PSOE desde la investidura de Pedro Sánchez en 2019. Esto explica que el teléfono móvil de José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, sea el libro de actas en el que se reflejan las magníficas y fluidas vías de contacto que el entramado de apoyo a los presos de ETA mantenía con el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y con el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza.

Todo estaba cerrado con los dirigentes proetarras desde 2019 y solo era cuestión de tiempo que viera la luz. La investigación de la Guardia Civil sobre la trama que organiza los actos de bienvenida -‘ongi etorri’- a los excarcelados de ETA ha retirado el velo a unos contactos que explican muchas cosas de las que han pasado en los últimos tiempos.

La primera de ellas, y principal, es que la excarcelación o el acercamiento de presos nunca ha respondido a una voluntad de hacer cumplir la ley penitenciaria de forma individual, selectiva y exigente, beneficiando solo a los presos de ETA que se hubieran arrepentido sinceramente y hubieran colaborado en el esclarecimiento de crímenes sin resolver. Nada de esto.

Lo que realmente ha sucedido es que el desmantelamiento de la política de dispersión es el fruto de un pacto entre el PSOE y los continuadores de ETA para sumar fuerzas en la izquierda, hacer presidente a Pedro Sánchez y, probablemente, desalojar al PNV del Palacio de Ajuria Enea.

Rodríguez Zapatero y sus portavoces también negaron que estuvieran negociando con ETA, mientras representantes de uno y otra llevaban años preparando la tregua de 2005 e implicando luego a instituciones internacionales y gobiernos extranjeros.

Los socialistas volvieron a la mentira para negar contactos con EH Bildu en 2019 y, como siempre, la realidad demostró que el terreno ya estaba allanado, primero en Navarra, más tarde en La Moncloa. Por más imaginación que le ponga la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para justificar estos contactos institucionales entre los proetarras y el Ministerio del Interior, lo sucedido debería llenar de vergüenza al PSOE por estar en deuda con los sucesores de ETA.

Porque la segunda confirmación que arrojan los amigables mensajes entre Ángel Luis Ortiz y sus interlocutores abertzales es que quien controla a los grupos de apoyo a los presos es directamente Sortu, la casa común de la izquierda proetarra, donde Otegi ha colocado al último jefe de ETA.

La dimisión es poca responsabilidad cuando lo que se ha dado a conocer no solo es información privilegiada, anticipando incluso resoluciones judiciales; también es un trato de favor a la estrategia política de Sortu, formación a la que Marlaska ha dado la representación de los presos.

Es un oprobio para España y, particularmente, para las víctimas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que todo un Ministerio del Interior de España, aquel que lideró la lucha contra ETA, sea tratado hoy como el teléfono de comida a domicilio de un tipo como Kubati.

ABC