El Gobierno, éste y cualquiera, tiene derecho a cambiar de criterio en política exterior, aunque el buen sentido y la tradición institucional aconsejen hacerlo por consenso.

No lo tiene, sin embargo, a tomar una decisión de esa relevancia no ya sin el acuerdo sino sin el conocimiento del Congreso.

El viraje de la posición española sobre el Sahara no es un asunto que quepa expedir, como es costumbre en este mandato, por decreto.

No vale una simple carta enviada por el presidente al Rey de Marruecos -al que se supone que en nombre de España debería dirigirse Felipe VI- sin informar siquiera a sus socios de Gabinete ni mucho menos al jefe de la oposición ni al resto de los miembros del Parlamento, representantes de la soberanía que Sánchez se ha permitido arrogarse sin respeto a las más elementales reglas de juego y sin la deliberación exigible cuando está la integridad territorial por medio.

Ignacio Camacho ( ABC )