La reforma del aborto que pretende impulsar el gobierno rebajaría la protección legal del aborto en España. Es la advertencia de algunos constitucionalistas que aseguran que tras la última sentencia del Constitucional, el aborto ya es derecho fundamental y que con la reforma propuesta por el gobierno dejaría de serlo.
Pero esto son detalles técnicos sin relevancia. Porque el gobierno no quiere blindar el aborto, que lamentablemente ya está blindado. Lo que quiere es inventar un debate que incomoda -y mucho- al PP al tiempo que distraer la atención pública de los gravísimos escándalos que rodean al gobierno. Y lo está consiguiendo…
Este mismo martes, la ministra de Sanidad, Mónica García, envió un nuevo requerimiento a Madrid, Aragón y Baleares urgiendo la creación del registro de objetores al que se niega Ayuso.
Es verdad que la Comunidad de Madrid no se opuso en la intersectorial y que tiene un registro de objetores a la eutanasia. Así que es posible que Ayuso esté utilizando su oposición al registro de objetores como un ariete político.
En todo caso, su contundencia se agradece: ‘el aborto es un fracaso, personal y social y los poderes públicos deben de hacer todo lo posible para evitarlo’.
Y ya era hora de que alguien lo dijera así de claro. Aunque sea por conveniencia política.
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
