El dictador levantó más de cuatro millones de viviendas sociales en 14 años (1961-1975), que la mayoría de españoles consiguió pagar en 8 o 10 años.

Cuando murió Franco nadie se atrevió a tocar «su» ley de arrendamientos, que tenía congelado el precio de los alquileres de viviendas en toda España. Una ley franquista nacida para proteger a los inquilinos –la supuesta parte más débil– frente a los propietarios –los aparentemente más ricos– dentro de lo que era la política social autoritaria del Régimen en abierta oposición a la libertad de mercado y la total disponibilidad la propiedad privada. Una medida que, a primera vista, parecía creada con el propósito de apuntillar el liberalismo económico y con él la democracia.
El Franquismo, un régimen que mezclaba de forma atípica ideas ultranacionalistas, formas de gobierno autoritarias, socialismo en materia económica, propiedad privada y anticapitalismo (y todo dentro de una España bañada en un rancio clericalismo y gobernada por militares y falangistas) no tuvo problemas en congelar las rentas de los alquileres sin que se le moviese un músculo. Así, Franco y sus ministros promulgaron la Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, cuyo preámbulo decía:
«El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político.
A estos principios capitales responde la presente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, reforma que, naturalmente, no puede consistir en la simple e inmediata vuelta al sistema jurídico propio del Derecho común, mientras éste no sea modificado para adaptarlo a los imperativos de nuestra época, puesto que aún no hemos alcanzado la madurez económica indispensable ni se ha logrado satisfacer la necesidad de vivienda por importantes sectores de la sociedad española, pese al considerable esfuerzo realizado y al manifiesto incremento obtenido durante esta última década».
Estas leyes lograron la disminución, casi absoluta, del mercado del alquiler, provocando que los españoles tuviesen que ahorrar para comprarse un pisito. ¡Eran otros tiempos! A pesar de que los tipos de interés eran muy altos, el precio de los pisos era muy razonable y quien más quien menos se pudo comprar un pisito acorde a su situación económica. Así, el 77,8 % de los españoles era propietario de su casa.
Estas cifras que en los últimos años están bajando por la enorme subida del precio de la vivienda, nada acorde con los actuales sueldos de los españoles. España ha pasado de estar entre las diez naciones con más propietarios a ocupar el puesto número 13.
En 1950 el Gobierno estimaba que existía un déficit de un millón de viviendas para cumplir su proyecto de «una familia una vivienda». Para afrontar este enorme problema, a mediados de los años 50, el general Franco creó crea el Ministerio de la Vivienda. El Régimen puso en marcha una política de viviendas sociales ya desde el 19 de abril de 1939, cuando el nuevo Instituto Nacional de la Vivienda puso en marcha un «plan de viviendas protegidas», de «viviendas bonificables» y de «viviendas de renta limitada».
Junto con las archiprotectoras e intervencionistas leyes de Arrendamientos Urbanos de 1951 y 1964 había lanzado un Plan de Urgencia Social de viviendas subvencionada. Con el II Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975) se llevó a cabo la construcción de cuatro millones de casa, cantidad mínima para eliminar el déficit de pisos del que se partía.
Fueron en total 1,5 millones de pisos pensados para cubrir la demanda del enorme crecimiento vegetativo de la población española; 250.000 para asumir la emigración interna y 900.000 para la reposición de vivienda antigua. Franco realizó 4.080.619 viviendas sociales en 14 años (1961-1975). Entre 1960 y 1980 el número de viviendas familiares se duplicó, pasando de 7,7 millones en 1960 a 10,6 en 1970 y 14,7 al comienzo de los 80. En estos tiempos la mayor parte de los españoles consiguió una casa que pagaron en 8 o 10 años, a pesar de que los intereses bancarios superaban en muchos casos el 10% anual.
Franco impuso la congelación de las llamadas rentas antiguas que congelaba los alquileres y obligaba a la prórroga indefinida de los contratos. Medida que era consecuencia de las políticas social socialistas del franquismo para garantizar sus viviendas a muchos españoles. Esta situación se interrumpió con la llegada de Felipe González, del PSOE, a la Moncloa.
El decreto Boyer 2/1985 de 30 de abril sobre medidas de política económica supuso la liberalización del mercado de alquileres poniendo fin a la dictadura franquista en materia de rentas de viviendas.
Luis E. Togores (Rl Debate)