Mientras Pedro Sánchez se pasea por Marruecos con gorra de visera cual chulapo madrileño (perfecto autorretrato) sus camaradas socialistas venden España a plazos para reunir los votos para la nueva versión del gobierno Frankenstein, aumentada y agravada.

La investidura del pasajero del Falcon en funciones nos va a salir por un ojo de la cara. Sobre la mesa está ya la oferta del Partido Socialista de Cataluña de perdonar 70.000 millones de euros de los 85.000 que la Generalidad debe a todos los españoles como consecuencia de su política de despilfarro general y de inversión particular en consultas, inmersiones lingüísticas, embajadas y otros eventos antiespañoles.

Parece una tontería, pero la broma nos costará mil quinientos euros por barba. Una familia de Salamanca de cuatro miembros recibirá seis mil euros menos del Estado, o tendrá que aportar seis mil euros en impuestos, en los próximos años, para saciar la voracidad derrochadora de los supremacistas catalanes y de paso hacer presidente a Sánchez.

En toda la provincia, el ‘regalo’ de los socialistas a los rebeldes de ERC y los prófugos de Junts supondrá quinientos millones de euros que no vendrán a Salamanca para terminar la electrificación de la línea a Portugal o para arreglar el mortal nudo del enlace de Buenos Aires entre la A-62 y la A-66.

Por si acaso lo piden, la nueva lacaya de Sánchez, Yolanda Díaz, se ha anticipado a las exigencias convertir el Congreso en un guirigay de lenguas con una iniciativa para que sus señorías dialoguen en vascuence, catalán y gallego. Si queda algo de Estado o de nación después de la subasta, será de milagro.
Lo cierto es que aquí en Salamanca no esperábamos mucho del futuro Gobierno sanchista-comunista-bildutarra-separatista, después de cinco años de sequía inversora con el Frankenstein, pero con semejante sablazo a las arcas del Estado, no van a quedar ni las migajas. En la próxima legislatura todo se irá hacia Cataluña y País Vasco, con alguna propinilla para Canarias y Galicia, como pago por el apoyo de CC y BNG.

No ha salido Alberto Núñez Feijóo a denunciar el cambalache, pero sí ha habido quien en la sede de Génova se ha rasgado las vestiduras. Ha sido el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, el que ha calificado el donativo a la Generalidad como «un insulto a la inteligencia», aunque la jugada resulta perfectamente inteligible: los 70.000 millones no salen del bolsillo de Sánchez, sino de los nuestros, y a la vista está que tanta cesión y tanto carameleo con los Junqueras, Puigdemont y compañía, no le pasa factura al de la visera.

Eso sí, la primera en levantar la voz fue la de siempre, Isabel Díaz Ayuso, a través de su consejera de Economía en Madrid, que ha calificado de «aberración» el trueque de votos por deuda. Los dirigentes del PP en Andalucía, Valencia y Galicia han puesto también el grito en el cielo, mientras en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco guarda un prudente silencio. Será que nos sobran miles de millones para invertir contra la despoblación, por poner un ejemplo.

Julián Ballesteros (La Gaceta)

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Última Actualización: 13/06/2024

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