¿Impuestos para saber quién habla bien y quién habla mal de ti?, ¿y la neutralidad institucional?, ¿malversación de fondos públicos?
En el PSOE parecen creer que las administraciones son su cortijo: Patrimonializan las instituciones y confunden el gobierno con el partido. Usan el dinero del esfuerzo fiscal de los ciudadanos en proteger su imagen. En concreto, contratan a empresas privadas para saber qué dice la prensa de ellos y si las noticias son positivas, negativas o neutras.
Una investigación de Actuall sobre la Plataforma de Contratación del Sector Público ha identificado 23 expedientes estatales entre 2018 y 2026. Diecinueve tienen importes de adjudicación localizados, que suman 732.999 euros.
Lo peor es que ya no les basta con el tradicional ‘clipping’ sino que ahora reclaman una auditoría del tratamiento periodístico: evalúan la reputación instituciones e incluso valoran las noticias por el tono o el sesgo…
Por ejemplo, la Fundación EOI, vinculada al Ministerio de Industria y Turismo, adjudicó en diciembre de 2025 un contrato a Hallon Intelligence por 4.896 euros, con un valor estimado de 33.050 euros. El expediente 2025050 PASS contempla expresamente el análisis automático del sentimiento informativo para determinar si las noticias son positivas, negativas o neutras.
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Gijón, dependiente de Transportes, adjudicó otro contrato en marzo de 2026 por 66.120 euros, con un valor estimado de 87.748 euros. Su pliego exige análisis cualitativos del impacto mediático, informes sobre el tono de la cobertura y estudios de sentimiento en prensa y redes sociales.
Cataluña no es ajena a esta mala praxis. Diplocat, el ilegítimo servicio exterior de Cataluña, contrata el análisis de la imagen de Cataluña en diez grandes periódicos internacionales:, entre ellos The New York Times, The Washington Post, The Guardian y Le Monde.
El expediente CONTR-2023-20019 de la Generalitat catalana pide incluso considerar posibles intereses geopolíticos o de grupos mediáticos que expliquen la cobertura. El objetivo declarado es conocer la imagen exterior de Cataluña y proporcionar información que ayude a orientar las políticas internacionales. El pliego reconoce trabajos similares correspondientes a 2019, 2020 y 2021-2022. El expediente de 2023 corresponde al Gobierno de Pere Aragonés, de ERC, anterior al Ejecutivo socialista de Salvador Illa.
También Canarias despilfarra el esfuerzo de todos en proteger la imagen de sus dirigentes. La Consejería de Transición Ecológica adjudicó en mayo de 2024 un contrato a Metrópolis Comunicación por 23.895 euros, con un valor estimado de 127.445 euros. El pliego contempla analizar noticias, opiniones y entrevistas, así como valorar el alcance y la connotación de los mensajes para adaptar la política de comunicación. O sea, qué tengo que decir para proyectar una buena imagen. ¿Gobernar bien quizás?
Más: la Consejería de Política Territorial de Canarias adjudicó otro contrato a la misma empresa por 99.750 euros, con un valor estimado de 140.000 euros, para seguimiento cualitativo y cuantitativo. Ambos contratos fueron adjudicados durante el Gobierno de Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, apoyado por el PP. Una mala praxis que trasciende las siglas.
La práctica del clipping resulta innecesaria en la era de la IA. Pero lo más importante es el riesgo de vulneración de la neutralidad institucional. El artículo 103 de nuestra Constitución obliga a las administraciones a servir objetivamente los intereses generales. Una cosa es recoger las noticias relacionadas con la administración y otra valorar si son favorables o desfavorables. ¿Se quiere mejorar el servicio público o la imagen del responsable público?
La evaluación sistemática -por contrato- de si las noticias son favorables o no, exige transparencia en la utilización de esa información.
Todo esto se suma además al creciente peso de la publicidad institucional y en distintas formas de financiación pública de los medios. El riesgo es claro: pasar de una democracia con control mediático y fiscalización del poder a unos medios convertidos en propaganda del poder.
Las conclusiones son claras: los gobiernos no son los dueños de las administraciones. Los periodistas no están para agradar al Gobierno. Y los impuestos de los ciudadanos no están para financiar la reputación política de quienes mandan.
Actuall.com
