Hay cosas que uno nunca acaba de entender, por mucho que se esfuerce. Por ejemplo: ¿cómo es posible que en la vida real, la de las empresas privadas, la del trabajador de a pie, la del funcionario que cumple horarios, la del autónomo que no duerme… el fracaso se pague con despido, mientras que en política se paga con 600 euros más al mes?
Sí, 600 euros más para Mazón por “presidir” una comisión que lleva cinco años sin reunirse. Cinco años. En cualquier otra profesión, eso se llama abandono de responsabilidades. Aquí, en cambio, parece que lo llaman mérito.
¿Y las víctimas?
Las víctimas, como siempre, son decorado. Palabras bonitas en discursos, flores en aniversarios y silencio administrativo el resto del año. Porque premiar una comisión que no trabaja no es solo un insulto, es una provocación consciente, casi una bofetada a quienes sí han sufrido de verdad.
Y aquí llega la pregunta eterna:
¿Por qué los políticos tienen la costumbre de recompensar lo que en la empresa privada sería un despido fulminante?
Muy sencillo, porque el sistema político está diseñado para que el fracaso nunca recaiga sobre quien lo provoca. En política, la responsabilidad no existe, las consecuencias se diluyen y los errores se maquillan como “gestión mejorable”. Y mientras tanto, ahí están, subiendo ingresos, acumulando dietas, engordando complementos y repartiéndose cargos que funcionan como premios de consolación.
En la empresa privada, si durante cinco años no haces tu trabajo, no te renuevan ni el abono transporte.
En política, te cae un complemento salarial.
Imagínate el chiste.
Y luego se preguntan por qué la gente está harta.
Por qué aumenta la desafección.
Por qué cada vez más ciudadanos sienten que viven en un teatro donde los únicos que cobran son los actores con miles de políticos enchufados en organismos y empresas oficiales, aunque la obra sea un desastre.
No, los políticos no tienen arreglo.
No mientras sigan actuando como una élite blindada, incapaz de sentir vergüenza ni responsabilidad.
No mientras premiar la incompetencia sea norma y no excepción.
Y desde luego, no mientras se siga faltando al respeto a quienes han pagado el precio más alto, como son las víctimas, a las que les deben memoria, dignidad y verdad… no comisiones fantasma ni sueldos inflados.
Pero, claro, eso sería exigir demasiado.
Aquí estamos en España, donde la mala gestión no se castiga: se subvenciona.
Salva Cerezo
