El Partido Socialista ha dejado de ser lo que fue durante más de 40 años de democracia. El pacto con Junts, anunciado desde Bruselas al haberse negociado con un fugado de la Justicia, dinamita la conexión formal, simbólica y emocional del socialismo democrático con el pacto de convivencia que los españoles sellamos en 1978. No es sólo la literalidad de la norma fundamental, sino los presupuestos afectivos que la hicieron posible lo que el PSOE está dispuesto a sacrificar.
Pedro Sánchez, a través de su emisario Santos Cerdán, ha consentido en todos y cada uno de los ámbitos en los que el separatismo nacionalista y supremacista ha impuesto condiciones, incluida la intervención de un mediador internacional y el horizonte de un referéndum. La cesión es total y, para poder perpetuarse en el poder, el Partido Socialista ha permitido redefinir algunas líneas maestras de nuestros equilibrios políticos, económicos y judiciales que apuntalan un Estado de derecho. Y lo ha hecho, exclusivamente, a cambio de siete votos.
Durante semanas llevamos alertando de la enorme temeridad que entraña la amnistía y de su imposible encaje constitucional. El imperio de la ley no puede estar supeditado a los intereses partidistas puesto que son los políticos los que deben someterse a la norma, y no las normas al interés privado de nuestros gobernantes. Ese principio básico del Derecho y que es fundamento de la democracia liberal salta por los aires en el momento en el que la aritmética parlamentaria es capaz de comprometer el normal funcionamiento de la Justicia.
La ignominia se hace aún más superlativa en el momento en que esta intervención del Estado de derecho se realiza de mano de las mismas personas que van a resultar beneficiadas: unos, por el alcance jurídico de la amnistía; otros, por los votos que recaban gracias a la quiebra del principio de legalidad.
El pacto entre el PSOE y Junts incluye cesiones insospechadas y que abundan en el deterioro de nuestro Estado de derecho. La mera mención al ‘lawfare’ y la consideración de que el poder judicial estará sometido al escrutinio de las Cortes dinamita de forma definitiva la independencia de uno de los poderes del Estado.
Cuestionar la legitimidad de los jueces era algo previsible en Podemos, en Sumar o en los independentistas, pero ahora es el propio PSOE, un partido de tradición institucional, quien acoge la posibilidad de intervenir políticamente las decisiones judiciales y hasta de perseguir a los magistrados.
Al comunicado del CGPJ o al requerimiento preventivo del consejero de Justicia europeo, Didier Reynders, se suma el inédito texto consensuado por las cuatro asociaciones profesionales de jueces de nuestro país que concluye, de manera inequívoca, que el pacto alcanzado por los socialistas y Junts quiebra la separación de poderes.
La obsesión personalista de Sánchez, sin embargo, no camina sola. Ni tan siquiera es imputable a las exigencias que le imponen unos socios que tienen el objetivo explícito de quebrar nuestro ordenamiento jurídico y la unidad de nuestra nación.
Esta ruptura con el pacto de convivencia forjado en la Transición ha requerido de la cooperación necesaria de un partido al completo que ha decidido someterse al hiperliderazgo de su secretario general. Nada de lo que ocurre se hará posible sin el concurso necesario de 122 diputados.
Y la erosión de nuestra cultura democrática tampoco habría sido posible sin un entramado mediático y opinativo que ha intentado legitimar todos los excesos del PSOE con tal de anular la posibilidad de que exista una alternancia en el Gobierno.
ABC