Durante años nos repitieron aquello de la «leyenda negra» española, convirtiendo a nuestro país en el gran campeón universal de la Inquisición. Como suele ocurrir con los relatos simplificados, la realidad histórica es bastante más compleja y menos cinematográfica. La persecución ideológica y religiosa fue, por desgracia, una práctica habitual en buena parte de Europa, donde franceses, ingleses o alemanes también dejaron un rastro de intolerancia difícil de justificar desde la óptica actual con mayor mortandad que en España, gracias a los Reyes Católicos.
Sin embargo, resulta curioso comprobar cómo, varios siglos después, algunos parecen empeñados en resucitar el espíritu inquisitorial, aunque hayan cambiado las hogueras por los platós de televisión, las redes sociales y los titulares dirigidos.
Ya no se trata de herejes, sino de disidentes. Ya no se utilizan sambenitos, sino etiquetas cuidadosamente diseñadas para desacreditar al adversario. Y ya no hacen falta inquisidores con sotana; basta con un ejército de ofendidos profesionales, 61 periodistas subvencionados, agitadores de salón y salvapatrias de última generación dispuestos a señalar a cualquiera que se atreva a cuestionar el pensamiento oficialmente aprobado.
La fórmula es sencilla, si no piensas como yo, eres un peligro para la convivencia; si haces preguntas incómodas, formas parte de una conspiración; y si denuncias abusos, automáticamente pasas a engrosar la lista de sospechosos habituales. Todo ello, por supuesto, financiado en demasiadas ocasiones con el dinero de aquellos mismos ciudadanos a quienes dicen proteger.
No deja de ser llamativo que quienes más presumen de pluralidad sean, a menudo, los menos tolerantes con la discrepancia. Predican diversidad mientras exigen uniformidad ideológica.
Hablan de libertad mientras confeccionan listas de buenos y malos. Defienden la inclusión, siempre y cuando el incluido piense exactamente igual que ellos.
Un ejemplo reciente fue el intento de instrumentalizar acontecimientos de enorme trascendencia simbólica para convertirlos en escenarios de reivindicación excluyente durante la visita del Papa a Cataluña, cuando 600 cantores pretendían mostrarse y que fueron apartados por los mossos. La intervención de las fuerzas de seguridad para evitar enfrentamientos recordó que las instituciones deben servir para unir y no para alimentar permanentemente la división entre ciudadanos que comparten calles, trabajos y problemas cotidianos.
Y es precisamente ahí donde aparece la gran paradoja de esta nueva inquisición: pretende imponerse desde una supuesta superioridad moral, pero tropieza una y otra vez con la realidad de una sociedad que se resiste a ser domesticada.
La mala noticia para estos aprendices de censores es que la historia demuestra que ningún intento de imponer una única verdad ha perdurado indefinidamente. España ha atravesado invasiones, guerras y periodos convulsos. En el siglo XIX, figuras como Daoiz y Velarde simbolizaron la resistencia frente a Napoleón quien se consideraba invencible. Hoy, salvando todas las distancias históricas, existen jueces, periodistas, guardias civiles y ciudadanos anónimos que siguen creyendo que la libertad consiste precisamente en poder disentir sin miedo.
Porque una democracia sana no necesita inquisidores, sino árbitros imparciales. No necesita creyentes obligatorios, sino ciudadanos libres. Y, sobre todo, no necesita hogueras modernas alimentadas con propaganda y polarización.
Al fin y al cabo, cuando una sociedad empieza a perseguir las opiniones en lugar de combatir los argumentos, el problema ya no lo tiene el hereje de turno.
Salva Cerezo
