Hay una pauta de conducta que une determinadas reacciones del Gobierno y, en particular, de su presidente, Pedro Sánchez, cuando alguna decisión, opinión o acontecimiento los molesta: descalificar a la persona y abusar de una institución del Estado.

El último episodio podría considerarse anecdótico, pero no lo es. Después de varios años de propuestas, informes y anteproyectos, el Gobierno por fin pudo ver aprobada la ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, publicada por el Boletín Oficial del Estado en enero pasado.

Es la llamada ‘ley Bolaños’, una norma de acarreo de decenas de reformas, algunas acertadas, otras carentes de sentido, con mala estructura y peor sintaxis. Fue hecha al mandato y capricho del PSOE y sus aliados, por trámite de urgencia, a pesar de sus graves reformas judiciales, excluyendo el principal contenido que la justificaba, la regulación de las acciones colectivas en defensa de los consumidores.

Aun así, pese a no dar margen a la oposición y a sus enmiendas, a la semana de su publicación el BOE anunció una rectificación de errores, que no es tal, sino una auténtica adición al texto legislativo remitido por el Congreso de los Diputados. Podrá decirse que la cuestión añadida –la modificación de un anexo en la norma que regula la retribución de jueces y fiscales– es menor, pero lo relevante es el concepto, más que la materia.

Es la actitud abusiva de utilizar la vía de la rectificación de errores para modificar un acto legislativo, porque lo que se ‘rectifica’ no es un error material ni una omisión evidente, sino un olvido, una laguna o como quiera llamarse, del poder legislativo sobre esa cuestión.

La solución no es la trampa, sino la ley, es decir, aprobar, con la urgencia que sea precisa, una reforma, como la propuesta por el Grupo Popular del Senado. Dijo Sánchez que gobernaría con o sin el apoyo del Parlamento y lo está aplicando a rajatabla, incluyendo lo de poner en boca del Congreso de los Diputados lo que nunca dijo ni quiso decir.

La osadía del Ministerio de la Presidencia, de la que depende la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, es ofensiva para cualquier ciudadano, a quien se le obliga a respetar y cumplir hasta la última coma de cualquier norma tributaria o administrativa.

Y, en efecto, es una hiriente manifestación más de la soberbia con la que el Gobierno manipula y expropia las instituciones del Estado en su interés, da igual su rango o su función, desde el Tribunal Constitucional a la empleada pública, Cristina Álvarez, puesta al servicio personal y profesional de Begoña Gómez, pasando por la Fiscalía General del Estado.

Lo que sucede es que hasta la impunidad del Gobierno empieza a tocar techo y las investigaciones judiciales sobre los entornos políticos y personales del presidente Sánchez empiezan a desbordar los perímetros de seguridad que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propaganda del PSOE habían levantado a su alrededor.

Cristina Álvarez ha sido llamada a declarar como investigada por el juez Peinado en la causa abierta a Begoña Gómez por, hasta ahora, tráfico de influencias y otros delitos.

Y el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que instruye el caso Ábalos ha acordado una batería de pruebas que entran de lleno en el patrimonio de quien fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez y en las comunicaciones de Víctor de Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres y con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

Los esquemas del Gobierno para defender a Sánchez se han roto.

ABC

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Última Actualización: 05/02/2025

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