Hay países donde dimitir todavía provoca menos sarpullido que decir la verdad en campaña electoral. En el Reino Unido, el laborista Keir Starmer se ha pegado un batacazo electoral de esos que dejan marca en la frente, pero ha decidido practicar el noble deporte del “sanchismo internacional”, mirar hacia otro lado, ponerse las gafas de cerca para no ver las protestas y aferrarse al sillón como una lapa a una roca gallega.
Porque una cosa está clara, el poder engancha más que el pegamento industrial. Debe de haber algo en los sillones oficiales que transforma a los políticos en una mezcla de faraón egipcio y okupa con coche oficial. Da igual que medio partido te pida la dimisión, que las urnas te manden un telegrama o que la realidad te grite por un megáfono. Ellos siguen ahí, con esa sonrisa tatuada de “todo va fenomenal” mientras el edificio institucional arde detrás.
Pero si cruzamos el Canal de la Mancha y aterrizamos en España, la cosa deja de ser comedia británica para convertirse en sainete ibérico con tintes de novela negra.
Mientras toda la izquierda oficial se lanzaba a hacer equilibrismo verbal con el asesinato de dos guardias civiles en Huelva, muchos españoles se hacían la misma pregunta: ¿cómo demonios hemos llegado hasta aquí? Y, sobre todo, ¿quién decidió desmontar la unidad OCON-Sur, precisamente una de las pocas estructuras que estaba plantando cara de verdad al narcotráfico en el sur de España?
Ahí empieza el misterio.
Porque cuando un gobierno desmantela algo que funciona, uno siempre sospecha dos posibilidades, o incompetencia o intereses. Y viendo el historial, ya no sabemos cuál da más miedo.
La unidad OCON-Sur había conseguido poner nerviosos a los narcos, algo imperdonable en un país donde parece que molesta más un guardia civil eficaz que una lancha cargada de droga entrando por la costa a toda velocidad. Pero de repente, tijeretazo. Cerrada. Liquidada. Fin de la función. Y aquí nadie explica nada con claridad, como siempre.
Las teorías empiezan entonces a correr más rápido que las narcolanchas. ¿Tuvo algo que ver Marruecos tras el escándalo del espionaje al teléfono del presidente y el súbito cambio respecto al Sáhara? ¿Hubo presiones políticas de socios separatistas encantados de debilitar todo símbolo de Estado? ¿O simplemente estamos ante otra obra maestra incompetente del manual moderno de destrucción institucional por capítulos?
En cualquier caso, el resultado es demoledor, agentes abandonados, narcotráfico desbordado y ciudadanos contemplando cómo el Estado pierde autoridad mientras los discursos oficiales siguen hablando de “convivencia”, “resiliencia” y otras palabras de PowerPoint ministerial.
Y mientras tanto, los guardias civiles muertos. Los de verdad. Los que no viven del argumentario.
Los que salen a patrullar sabiendo que enfrente ya no tienen simples contrabandistas, sino organizaciones criminales con más medios, más dinero y, a veces, casi más protección política indirecta que quienes intentan detenerlos.
España ha llegado a un punto donde defender a las fuerzas de seguridad parece sospechoso, pero desmantelar herramientas eficaces contra el crimen organizado se vende como modernidad administrativa. Una nación donde algunos políticos lloran más por un tuit ofensivo que por dos agentes asesinados.
Si el Duque de Ahumada levantara la cabeza, no necesitaría que lo fulminara ningún rayo. Le bastaría con poner la televisión cinco minutos para volver a meterse en el ataúd por voluntad propia.
Porque esto ya no es decadencia.
Esto es una vergüenza patria con escolta oficial.
Salva Cerezo
