Después de que Sumar, Bildu, ERC y Junts confirmasen su ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez, el último en garantizar la votación ha sido el PNV, con un recetario de reclamaciones, y de cesiones por parte del PSOE, similares a las conseguidas por el independentismo.
La lista de claudicaciones para el progresivo desapoderamiento del Estado aumenta. El PNV exige lograr el «reconocimiento nacional de Euskadi», que deberá estar basado en un acuerdo aprobado por las instituciones vascas y avalado en el Congreso, y más tarde, «ratificado por el pueblo vasco».
En el pacto suscrito por el PSOE y el PNV –esta vez sí fue Pedro Sánchez en persona quien lo formalizó con Andoni Ortuzar– no figuran expresamente las palabras autodeterminación, consulta o referéndum, pero tanto el reconocimiento del País Vasco como nación, como la ‘ratificación’ de una nueva fórmula de autogobierno, avanzan sin duda en esos conceptos.
De hecho, el acuerdo no deja de ser un nuevo ejemplo de sometimiento de la vigente Constitución a exigencias cuasi confederales y de forzosa bilateralidad que superan con mucho el actual marco de legalidad respecto al modelo de Estado, al sistema político, o a la transferencia al País Vasco de competencias exclusivas de la Administración central, imponiendo para ello hasta los plazos y la agenda del propio presidente del Gobierno.
La capacidad de sumisión del PSOE a cambio de los escaños necesarios es máxima. Ahora queda la incógnita del precio a pagar a Bildu. Sólo se sabe que también votará ‘sí’, pero no consta a cambio de qué privilegios. Y plantear la teoría de que lo hace de modo gratuito y desinteresado resulta de una ingenuidad insultante. El PSOE sabrá por qué oculta lo pactado con Otegi, pero desde luego es una muestra de desprecio a su propio electorado y a todos los ciudadanos, dados los antecedentes de Bildu como sostén político de ETA durante años.
