El Gobierno mejora las indemnizaciones justo cuando reaparece la amenaza terrorista, avanzan los terceros grados de los presos etarras y reaparece la violencia etarra. ¿Justicia tardía o anestesia electoral?
Hay casualidades que resultan demasiado oportunas. El pasado sábado fueron detenidos dos presuntos terroristas vinculados al independentismo radical vasco. Este martes, la Audiencia Nacional decretó su ingreso en prisión. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobó un decreto para equiparar las indemnizaciones de las víctimas del terrorismo que no han obtenido sentencia judicial con las de quienes sí la tienen.
La medida es objetivamente positiva. Lo sospechoso es el momento, la oportunidad política y las contradicciones de un Gobierno que, mientras reparte indemnizaciones, mantiene a EH Bildu como socio parlamentario privilegiado y su fiscalía se inhibe ante los beneficios penitenciarios otorgados a los etarras.
Qué es lo que ha hecho el gobierno: equiparar las indemnizaciones de las víctimas con juicio de las que no lo han tenido. En caso de fallecimiento las indemnizaciones pueden llegar a los 500.000€ para hijos y cónyuge o 350.000 para otros supuestos familiares.
Los que recibieron indemnizaciones inferiores podrán reclamar las diferencias durante cuatro años y el Estado abonará esos complementos en tres anualidades. Además, se elevan las pensiones extraordinarias mínimas por actos terroristas al doble del salario mínimo interprofesional.
Queda por equiparar con otras víctimas similares como las del 11M. ¿Por qué las víctimas de los trenes fueron compensadas mejor que las víctimas de ETA?
En todo caso, la reforma es adecuada. Porque es de Justicia que las víctimas del terrorismo sean cuidadas y acompañadas por el conjunto de la sociedad. Lo que llama la atención es el momento. ¿Por qué justo antes de las elecciones?, ¿por qué justo cuando vuelve a aflorar el terrorismo etarras tras 15 años de supuesta desaparición?
Los dos detenidos en Irún la semana pasada, Aratz Bilbao Gómez y Malen Grünig Ibáñez, están investigados por su presunta integración en el entorno de Jardun, una organización de la izquierda abertzale radical contraria al abandono de la violencia por ETA.
La documentación intervenida incluía referencias a antiguos zulos, información sobre agentes policiales, matrículas de vehículos y comunicaciones cifradas. O sea que no no son nostálgicos ni pancarteros, sino activistas del terror. Por eso han sido imputados por terrorismo.
Pero es que hay más. Resulta que el principal sospechoso del incendio del Ayuntamiento de Limoges, Hodei Ciarra Docampo, aparece vinculado a ambientes de extrema izquierda radical. Informaciones periodísticas relacionan además a su familia con un antiguo detenido por presunta pertenencia a ETA.
¿Podríamos importar la violencia francesa?, ¿el gobierno estaría interesado en que eso ocurriera?, ¿necesitaba silenciar la posible crítica de las víctimas con dinero? Son preguntas legítimas dada la altura moral del personaje…
Por otra parte, el derecho a una indemnización de las víctimas no debería depender de la desidia policial y de la lentitud e la Justicia. Pero la solución siendo justa es perversa. ¿Va a mantener Interior el mismo esfuerzo para esclarecer los centenares de asesinatos de ETA pendientes de resolución?
Además, el Estado no ha reclamado al condenado ni una sola de las indemnizaciones concedidas hasta la fecha. Es decir, el etarra mata, la sociedad adelanta la compensación, pero luego no exige al condenado que asuma su responsabilidad. Al contrario, le otorga beneficios penitenciarios y le permite participar en el juego democrático… ¡Vergüenza!
La decisión supone un paso más en la anestesia de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Su movilización es prácticamente inexistente aunque hay que reconocer que la AVT ha cuestionado que la reforma llegue precisamente en período electoral. Pero resulta curioso que durante todo el sanchismo no haya habido ninguna manifestación contra un gobierno que ha hecho de Bildu su socio preferente, que ha permitido los actos de homenaje a etarras y que ha colaborado en los beneficios penitenciarios de los etarras.
Al igual que los sindicatos, las asociaciones de víctimas han permanecido calladas durante todos estos años. ¿Quizás con el silencio comprado?, ¿se está comprando con anticipación el silencio ante la reaparición de la violencia etarra?
Que lo tengan claro: España no se vende; nuestra dignidad no se negocia.
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