El informe de la UCO es demoledor. Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, efectuó gestiones con 16 empresas para que patrocinaran la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Logró una decena de convenios por valor de 250.000€, entre ellos el alcanzado con Indra y Google.
Es lo que se desprende del análisis de 121 correos electrónicos cruzados entre Cristina Álvarez y la Complutense. No hay duda de que no fue una gestión puntual, sino sistemática y permanente. La jurisprudencia del Supremo apunta a que habría bastado con que fuera puntual para considerarlo malversación de fondos públicos. Pero fue sistemático.
Pero hay más. La Intervención General señala “irregularidades” en los contratos que recomendó Begoña. Como es sabido, Barrabés logró un contrato con Red.es de 10 millones de euros después de que Begoña le recomendara. Pues bien, resulta que Red.es ordenó bajar la puntuación del rival de Barrabés. Habría ganado si no se hubiera producido la añagaza. Por eso la IGAE concluye que los contratos “carecían de un análisis mínimamente riguroso”. ¡Zasca!
A Montero se le rebelan los subordinados. Y es que llega un momento en que los funcionarios dicen “basta”, hasta aquí hemos llegado. Intervención General, UCO y judicatura son los resortes de dignidad de la nación.
Y a todo esto se suman las “torrenteras” como que Cristina Álvarez organizara un catering para la cátedra de Begoña Gómez y le pasara la factura a la Complutense. O que Begoña le planteara a la Complutense cobrar por asesorías externas a través de la cátedra.
Porque el objetivo de la cátedra era construir un ‘kiosko’ con reputación que permitiera cobrar las consultorías con el atractivo de que el sello me lo pone la mujer del presidente y eso me dará cierta prioridad en los concursos públicos…
Un ‘pinta y colorea’ con la imagen y el prestigio de la Complutense.
¿Más malversación?
Luis Losada Pescador (Actuall.com)