El Gobierno que ha sido capaz de tramitar la amnistía lo es de muchas cosas. Quien ha conseguido una investidura utilizando el Código Penal como moneda de cambio aduciendo salvíficas intenciones debe guardar, necesariamente, una relación antagónica con la verdad. Lo vimos hace unas semanas, cuando se filtró intencionadamente el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia y el Ejecutivo intentó retorcer la interpretación del texto.
Y lo hemos visto ahora, aunque de forma aún más grosera, con la lectura que el PSOE, aliados y medios afines proponen de su versión definitiva. La desleal pirueta hermenéutica con la que el Ejecutivo y sus afectos intentan desactivar el tenor literal del dictamen no sólo expresa una aviesa intención, sino que evidencia la alianza que algunos establecen con falsedades que, además, son perfectamente contrastables.
El primer borrador del informe de la Comisión de Venecia ya fue sustantivamente crítico y descartaba, por ejemplo, la legitimidad de las autoamnistías. Tanto la primera versión del dictamen como la definitiva contienen una presentación general de la amnistía como figura jurídica y, en abstracto, valora la idoneidad y el propósito con los que suelen tramitarse.
Más allá de esta disquisición conceptual y de Derecho Comparado, el informe de la Comisión de Venecia hace una lectura esencialmente negativa de la ley de amnistía específica promovida por Sánchez y sus socios. La impugnación de la Comisión afecta a los plazos, a la extensión de los delitos, a la legislación ‘ad personam’, a la falta de apoyo social y a la urgencia de su tramitación. No parece una cosa menor.
En cualquier caso, la noticia no está tanto en el dictamen, que recoge fundamentos obvios y consabidos del Derecho, sino en la manipulación que desde el Gobierno se ha intentado hacer del texto.
Que políticos como Félix Bolaños intenten defender a plena luz del día una interpretación sesgada hasta la contradicción es una muestra preclara del grado de corrupción política que ha alcanzado la tramitación de la norma.
Más preocupante aún es que existan medios de comunicación que se sientan en la necesidad de falsear la interpretación de un documento sólo para dar cobertura a los maltrechos intereses del Ejecutivo. El paso de Sánchez por La Moncloa ha generado ya una visible erosión en la vida institucional española.
Sería especialmente lesivo que también acabara arrasando la veracidad de medios de comunicación que son imprescindibles en nuestro ecosistema democrático.
ABC
