Ya tenemos Congreso de los Diputados polilíngüe. El catalán, el euskera y el gallego han hecho su entrada en el Congreso de los Diputados. Ya está a la vista de todos que los españoles, para entendernos mutuamente, necesitamos de un traductor cuya voz penetre en nuestros pabellones auditivos a través de un pinganillo. ¡Aleluya!.
Existen algunos críticos con esta medida. Aducen estos, que la Constitución marca con precisión que las lenguas vernáculas de cada una de las comunidades autónomas españolas ostentaran la categoría de cooficialidad en el interior de dichas regiones.
Esgrimen que esta cooficialidad se encontrará compartida, con el castellano, que será el idioma del Estado Español tal y como la Constitución nos lo hace saber: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3 La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
Dicen los escépticos ante la medida adoptada por la Presidencia del Congreso de los Diputados que al ser esta Cámara, parte fundamental del Estado; órgano de expresión de la soberanía que la totalidad del pueblo español ostenta, y cuya lengua oficial, constitucionalmente establecida es el idioma español, la interlocución en dicha Cámara habrá de utilizar, como herramienta única y exclusiva la lengua castellana o idioma español.
Pero, bueno, como el lector habrá captado nítidamente, este pequeño grupo está formado por aquellos españoles que se han leído la Constitución y por lo tanto es muy escaso y reducido, siendo totalmente irrelevante ¡Vamos! ¡Faltaría más! ¡Para leer la Constitución estamos! ¡Ni que estuviéramos majaras de la chola!.
Quizás no le falte razón a esta inquieta minoría, puesto que ateniéndonos a los contenidos del artículo 3º de la Constitución vigente, la utilización en el Congreso de los Diputados de otra lengua distinta a la castellana, idioma oficial del Estado Español, parece ser totalmente contraria a la Constitución. A nosotros nos faltan conocimientos jurídicos para opinar. Para eso están los profesionales del Derecho Constitucional, los cuales tras enjundioso estudio podrán emitir una opinión debidamente razonada.
Para que esta medida sea Constitucional, opinan los censores del polilingüismo parlamentario, debe ser modificada urgentemente la Constitución. Si no se hace así, piensan, se producirá una situación tan peculiar y exótica como cómica: El Poder legislativo de la nación permanecería en estado de inconstitucionalidad. O lo que es lo mismo, la Cámara, en cuyo seno nacen las leyes, estaría incumpliendo la Ley Madre o Constitución en cuyos contenidos adquieren justificado fundamento las leyes que en ella son aprobadas.
Nosotros, que no somos juristas, no entramos en estas disquisiciones. Para eso está el Tribunal Constitucional. Aunque hemos de reconocer que en España, la actuación inconstitucional de sus autoridades no constituye un hecho que, por su extravagancia, tuviera que sorprendernos.
La realidad es que ya sea obedeciendo a los mandatos enmarcados en la Constitución, o al margen de los mismos, los españoles tenemos un Congreso de los Diputados polilingüe, con lo cual hemos entrado en ese pequeño y muy restringido club de naciones con parlamento necesitado de traducción simultánea. (Bélgica, Canadá y Suiza)
Pero el caso de España no es comparable al de estas multilingües naciones. El plurilingüismo del parlamento de estos países se basa en una noble persecución de la armónica igualdad de las diferentes formas idiomáticas utilizadas por los ciudadanos que dan cuerpo a sus respectivas sociedades. En España no es así.
El Congreso de los Diputados en España ha abierto sus puertas al catalán, al vascuence y al gallego. Pero al mismo tiempo se la ha cerrado con vehemente y marginadora energía a otras lenguas españolas, cuyos hablantes sienten tal medida como tiránica dictadura. Una dictadura que estrangula, y cruelmente asfixia, su natural idiosincrasia idiomática.
Incluso hay gentes malintencionadas que aseguran que la incorporación de estas tres lenguas al Congreso de los Diputados de España, marginando a todas las demás que configuran la exuberante riqueza lingüística de la cual nuestra nación goza, ha sido al objeto de tributar un homenaje opaco y mudo al hombre que mantuvo el caudillaje de España durante cuarenta años: el General Francisco Franco.
Si esto fuera así, qué duda cabe, que el peso de las leyes que regulan nuestra memoria histórica colectiva y cuidan de nuestro adecuado y democrático devenir, habrían de recaer sobre todos y cada uno de los que sentándose en los escaños del Congreso dieron su aprobación a que esto haya sucedido.
Habrá que estar pendientes de la postura adoptada al respecto por la Fiscalía General del Estado.
Juan José García Jiménez (ÑTV España)
