En España la política se ha convertido en una mezcla entre una telenovela y un concurso de improvisación. Mientras los ciudadanos se preocupan por la cesta de la compra, la vivienda o la lista de espera del hospital, nuestros gobernantes han encontrado la solución mágica ante los escándalos de posible financiación ilegal: blindar el aborto en la Constitución, cuarenta años después de haberlo legalizado.
Porque claro, ¿qué sería de un país moderno sin añadir a la Carta Magna un derecho que ya estaba más que asentado? Eso sí, suena mucho más solemne decir “derecho constitucional” que “derecho vigente desde hace décadas”.
Pero la coherencia es nuestro sello patrio. El mismo gobierno que quiere pasar a la historia como adalid de las libertades, ha decidido también suspender la compra de balas israelíes. Y no porque rechacen la guerra o porque quieran dar ejemplo pacifista, sino porque quedaba feo en la foto. No vaya a ser que alguien piense que mientras proclamamos derechos con bombo y platillo, en la trastienda estamos de rebajas en el supermercado de la munición.
Así vivimos, entre reformas simbólicas y gestos teatrales. Un día blindamos derechos como si fueran especies en extinción, y al siguiente cancelamos contratos bélicos como si fueran suscripciones de Netflix. Lo importante no es la consecuencia, sino el titular del día.
Y el ciudadano, claro, se pregunta: ¿qué será lo próximo? ¿Constitucionalizar la siesta? ¿El derecho a que la wifi no se caiga en mitad de una serie? ¿O quizás incluir en el BOE el único derecho que de verdad respetan nuestros políticos: el de no dimitir jamás?
España sigue siendo ese país donde las balas se miden en votos y los derechos se redactan como eslóganes. El problema es que ni con reformas constitucionales ni con cancelaciones improvisadas se paga el alquiler, se llena la nevera o se encuentra empleo.
Pero tranquilos, que mientras tanto, en el BOE siempre quedará espacio para otro titular.
Salva Cerezo
