Que hay en marcha una «operación de Estado» para ilegalizar a VOX es una verdad del tamaño de la cruz de Cuelgamuros de la que en estos momentos pocos medios se atreven a dar cuenta, y que casi ningún dirigente político tiene la osadía de reconocer en público, pero que no por ello deja de tomar forma a cada día que pasa.
La excepción a este silencio cómplice la hallaríamos –dejando aparte alguna espontánea columna de opinión en diarios de izquierdas como InfoLibre o Público– en la reveladora salida de tono de la Ministra de Igualdad Ana Redondo cuando, con ocasión de los actos organizados por el PSOE para celebrar el nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género, se atrevió a declarar –con su tono desabrido de siempre–, que había que «sacar a VOX de las instituciones», aventurando incluso que los restantes partidos podrían ponerse de acuerdo en cómo hacerlo.
Afirmación nunca desmentida ni tampoco reducida a la categoría de boutade que, como mínimo, invierte la carga de la prueba respecto de si en efecto está en cuestión la legalidad del tercer partido del país, y con ella la representación de sus tres millones de votantes en cámaras, diputaciones, y ayuntamientos.
Las pruebas de que este proceso está en marcha no dejan de acumularse. Hasta el extremo de que cabría sostener que –cuando menos– la fase preparatoria del proceso ha sido ya completada con éxito, mientras que la de ejecución comienza a tomar forma.
Cuando hablo de fase preparatoria me refiero a la de creación entre los españoles del clima imprescindible para que una operación de este calado pueda llevarse a cabo con éxito, de la que constituyen pasos clave la toma de control por parte del Gobierno de los medios de comunicación públicos y privados más relevantes del país; la imposición en unos y otros de discursos justificativos de una medida de este calibre –reveladora la frase de Silvia Intxaurrondo en el sentido de que «una fuerza ultra [como VOX] que defiende unos mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo lgtbi no debe tener voz en un medio de comunicación»–; el sometimiento de los intereses del Gobierno de las principales empresas demoscópicas y de telecomunicaciones; el amordazamiento de las redes sociales so pretexto de la lucha contra la desinformación –objetivo declarado del pomposo «Plan de Acción por la Democracia» del Gobierno Sánchez– y, en general, en la normalización de la tesis de que la extrema derecha constituye una amenaza para la democracia, para la convivencia, para los derechos fundamentales, y hasta para la supervivencia misma de la especia humana sobre la faz de la tierra, amenazada por un cambio climáticos que solo ellos niegan.
Y paralelamente, a la de creación –o, incluso más sencillo: a la de aprovechamiento– de un clima internacional propicio, a través de decisiones como la suspensión de las elecciones presidenciales rumanas y la posterior inhabilitación para cualquier nueva cita electoral del candidato favorito, el proceso abierto para la ilegalización de la AfD en Alemania, o el intento de inhabilitar políticamente a Marine Le Pen y a otros dirigentes de Reagrupamiento Nacional; los tres precedentes significativos llamados de una parte a testar la posible reacción de actores políticos de una y otra parte del Atlántico; y de otra a amortiguar el estrépito que a buen seguro causaría en todo el mundo la decisión de ilegalizar del tercer partido de España.
Pero es que también la fase de ejecución ha comenzado a operar, y desde no menos de tres frentes. Por un lado, el Gobierno Sánchez ha empezado a preparar el camino para la ilegalización de VOX iniciando el proceso de disolución de las fundaciones, y promoviendo las reformas legislativas necesarias para la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo; algo que en principio no debería inquietar a un partido que se rige por una normativa específica y que tiene una razón de ser enteramente distinta, pero que sienta de todos modos el precedente de limitar el asociacionismo en función de criterios estrictamente ideológicos, y de hacerlo apelando a un concepto multiusos como es el de la «apología del franquismo».
Por otro, las Fiscalías de Delitos de Odio llevan años ya –unas con más inquina que otras, pero siempre sin éxito– allanando el camino para la ilegalización de VOX por el sencillo camino de procesar a cuantos líderes locales, regionales y sectoriales se le ponen a tiro –los diputados nacionales vuelan al parecer a demasiada altitud– con declaraciones críticas respecto del impacto que la inmigración irregular está teniendo sobre la seguridad en nuestras calles o con medidas para combatirla, preparando de este modo el terreno para concluir a no mucho tardar que si los líderes del partido están fuera de la ley, tal vez el propio partido debería estarlo también.
Y finalmente, el Gobierno Sánchez se halla impulsando reformas legislativas a medida en materia de financiación de partidos, al objeto –por una parte– de ahogar económicamente a una formación como VOX, que se mantiene a partir de las pequeñas aportaciones de sus millones de simpatizantes y que a falta de bancos nacionales dispuestos a financiarle ha tenido que recurrir a entidades crediticias de fuera del país, y –por otra– de acosarla con sanciones de todo tipo que dejen pequeñas a las ya severas que le ha impuesto el Tribunal de Cuentas.
Añadan a todo esto un sistema judicial en claro proceso de colonización, sujeto «por abajo» a la presión de los medios y «por arriba» a los pactos a puerta cerrada entre los dos grandes partidos, y colóquenle encima la guinda de un Tribunal Constitucional copado y capado, y el diseño de la ratonera empezará a tomar sentido.
Vienen curvas. Ajústense los cinturones.
Carlos Flores Juberías (La Gaceta)
