Todos los lectores conocen la “maldición del gitano” -Dios te dé pleitos… ¡y ganes!- y ninguno de ellos necesita explicación sobre el sentido de la maldición, porque todos, en alguna medida, han tenido experiencias penosas con la administración de justicia.

Sin embargo, para saber de verdad los límites a que pueden llegar los juzgados y tribunales españoles, no existe mejor sistema que el científico: someter al sistema a prueba empírica y ver los resultados.

Eso fue lo que empecé a hacer el año 2022. Tras muchos años formulando denuncias penales por presuntos delitos cometidos por autoridades, y ver que jamás ninguna prosperó, intenté averiguar si era pura casualidad o respondía a un patrón.

Ese año 2022 formulé denuncias contra altas autoridades, informando que en redes sociales se mostraban datos, sobre todo de cuentas bancarias en bancos extranjeros, que de ser ciertas podrían constituir diversos delitos, que a mi juicio, por su gravedad, era necesario investigar.

Jamás di por ciertas esas informaciones, a pesar de que con datos semejantes, investigados y confirmados, acabó en prisión el famoso Luis Bárcenas, y la Audiencia Nacional admitió que Margarita Robles podría haber cometido delito fiscal por tener cuentas en bancos extranjeros, pero que no procedía su procesamiento, por haber prescrito el delito.

Todas mis denuncias se amparan en el art. 264 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que dice: El que por cualquier medio diferente de los mencionados (en los artículos anteriores) tuviere conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.

Para que el universo de experimentación fuera suficientemente amplio y representativo, multipliqué las denuncias hasta algo más de 1.200, en cuerpos policiales distintos y en todas las provincias españolas.

Pocas, muy pocas de esas denuncias, llegaron a la mesa de un juez, y todas las que llegaron fueron archivadas sin investigar.

Para completar el experimento, con ayuda de una asociación contra estas injusticias, recurrí una de esas denuncias archivadas, con el resultado de que llegó al Tribunal Supremo, que también la archivó sin investigar.

La prueba del algodón había emitido su dictamen.

Galo Dabouza (ÑTV España)