Al Tribunal General de la UE ha rechazado frontalmente los recursos que habían planteado Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles su inmunidad como eurodiputados para abrir así la vía a ser juzgados por fin en España.
La decisión no sólo supone un solvente espaldarazo al Tribunal Supremo de España, y en particular al magistrado Pablo Llarena, instructor del proceso separatista catalán de 2017, sino que también añade un dato sustancial a la lógica jurídica que Puigdemont se ha empeñado en ensuciar desde el mismo día en que se fugó: la inmunidad pretendida por los huidos no es un salvoconducto irreversible ni goza de más potencia jurídica que una investigación penal en un país miembro. Y menos aún, si lo que se juzga es algo tan grave como una insumisión inconstitucional, o como una sedición fragmentadora de la soberanía española.
Puigdemont podrá seguir apareciendo como víctima cuanto tiempo quiera. Ayer lo volvió a hacer para argumentar que está siendo perseguido de manera injusta y represiva, y que es un represaliado por motivos políticos. Pero no es cierto.
El Tribunal Supremo le reclama, naturalmente, por una causa pendiente, pero quienes le retiran la inmunidad son el propio Parlamento europeo y ahora el Tribunal General. Sólo él ve una delirante confabulación universal en lugar de aceptar que es poco más que un presunto delincuente que huyó de los jueces que deben juzgarle.
Puigdemont tiene ahora el legítimo derecho de recurrir este fallo ante el Tribunal de Justicia Europeo, lo que aún alargará este conflicto ocho meses más como mínimo. Pero lo cierto es que su pérdida de inmunidad, precisamente porque se juzgan hechos que protagonizaron los fugados antes de ser eurodiputados, deja el camino libre a la Fiscalía y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para reactivar la orden de entrega y sentarlo en el banquillo.
Más allá de los aspectos jurídicos, políticamente la decisión también es trascendente porque ya no son unos supuestos jueces españoles obsesionados en ‘perseguir’ a un indefenso político acosado por sus ideas, sino que son dos instituciones europeas las que han desnudado a Puigdemont y las que reconocen que el cerco se estrecha sobre su conducta delictiva.