Al Tribunal General de la UE ha rechazado frontalmente los recursos que habían planteado Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles su inmunidad como eurodiputados para abrir así la vía a ser juzgados por fin en España.

La decisión no sólo supone un solvente espaldarazo al Tribunal Supremo de España, y en particular al magistrado Pablo Llarena, instructor del proceso separatista catalán de 2017, sino que también añade un dato sustancial a la lógica jurídica que Puigdemont se ha empeñado en ensuciar desde el mismo día en que se fugó: la inmunidad pretendida por los huidos no es un salvoconducto irreversible ni goza de más potencia jurídica que una investigación penal en un país miembro. Y menos aún, si lo que se juzga es algo tan grave como una insumisión inconstitucional, o como una sedición fragmentadora de la soberanía española.

Puigdemont podrá seguir apareciendo como víctima cuanto tiempo quiera. Ayer lo volvió a hacer para argumentar que está siendo perseguido de manera injusta y represiva, y que es un represaliado por motivos políticos. Pero no es cierto.

El Tribunal Supremo le reclama, naturalmente, por una causa pendiente, pero quienes le retiran la inmunidad son el propio Parlamento europeo y ahora el Tribunal General. Sólo él ve una delirante confabulación universal en lugar de aceptar que es poco más que un presunto delincuente que huyó de los jueces que deben juzgarle.

Puigdemont tiene ahora el legítimo derecho de recurrir este fallo ante el Tribunal de Justicia Europeo, lo que aún alargará este conflicto ocho meses más como mínimo. Pero lo cierto es que su pérdida de inmunidad, precisamente porque se juzgan hechos que protagonizaron los fugados antes de ser eurodiputados, deja el camino libre a la Fiscalía y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para reactivar la orden de entrega y sentarlo en el banquillo.

Más allá de los aspectos jurídicos, políticamente la decisión también es trascendente porque ya no son unos supuestos jueces españoles obsesionados en ‘perseguir’ a un indefenso político acosado por sus ideas, sino que son dos instituciones europeas las que han desnudado a Puigdemont y las que reconocen que el cerco se estrecha sobre su conducta delictiva.

Llegado el caso, y ahora que sistemáticamente Puigdemont va perdiendo todas y cada una de las batallas –judiciales y políticas– que ha planteado para desprestigiar nuestro sistema de justicia, no podrá ser juzgado por rebelión ya que en 2018 el Supremo descartó la comisión de ese delito. Pero tampoco podrá serlo ya por sedición –cosa que sí ocurrió con Oriol Junqueras y otros condenados– toda vez que el Gobierno ha derogado de facto ese delito.
De este modo, su eventual entrega a manos de Bélgica sólo podría serlo, en teoría, para ser enjuiciado por desórdenes públicos y malversación de caudales. De hecho, a eso ha quedado ya reducida la sedición, a unos meros desórdenes agravados.
No obstante, es el Supremo quien ya avanzó que este delito no se adapta a la conducta real de Puigdemont, por lo que tampoco se sentaría en el banquillo por ese delito, sino exclusivamente por malversación en la organización de la consulta ilegal. Si la reactivación de la euroorden se produjese en esos términos, Bélgica ya no podrá poner excusas para su entrega.
En cualquier caso, con las muchas piedras puestas en el camino por Bélgica y con las reformas legislativas del Gobierno en beneficio del separatismo, una eventual condena de Puigdemont sería necesariamente inferior a la de Junqueras. Otro agravio más para avivar los rencores mutuos en el seno del independentismo.
ABC

 

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Última Actualización: 13/06/2024

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