Resulta llamativo que un jurista de formación y, al mismo tiempo, ministro de Justicia ignore de forma tan palmaria la naturaleza y las funciones constitucionales del CGPJ y se atreva a presionar al órgano de gobierno de los jueces y pedir que investigue al juez Peinado por su forma de dirigir el interrogatorio que le práctico en la causa contra Begoña Gómez.
La fina piel del ministro Bolaños se resintió por las formas y comentarios de Peinado, lo que demuestra que el titular de Justicia no conoce bien cómo suelen desarrollarse las investigaciones penales en nuestro país y de qué pasta son los jueces instructores.
Convertir en cuestión de gabinete un comentario más o menos pertinente del juez es una desmesura legal, pero refleja la verdadera finalidad política de las quejas de Bolaños. La forma que tiene Peinado de instruir no es la más depurada de las posibles y, por este motivo, la Audiencia Provincial ha corregido algunas de sus decisiones, aunque ha ratificado su instrucción en lo fundamental: los indicios de diversos delitos imputables a Begoña Gómez.
Ayer insistió Bolaños con su lamento por «resoluciones judiciales incomprensibles que hacen daño al buen nombre de la justicia», sin precisar qué resoluciones son esas y en qué han menoscabado el prestigio del poder judicial. Al hablar de la Justicia, la verdad no existe en el discurso del Gobierno.
Algunos de sus ministros incluso se sorprenden de que el jurado pueda asumir el juicio a Gómez, prueba evidente de que no se han leído la Ley que regula este tribunal «popular». La queja/presión de Bolaños ante el CGPJ comparte la finalidad de las querellas temerarias del matrimonio Sánchez-Gómez contra el juez Peinado: generar una especie de conflicto entre este y aquellos para despojar al juez Peinado de la legitimidad de su independencia e imparcialidad y así justificar los ataques orquestados que recibe.
