El Tribunal Supremo revocó la sentencia de los tribunales navarros, cuya consideración de los hechos de los sanfermines fue de abuso sexual, para aumentar de nueve a quince años la condena por delito continuado de violación, agravado con vejaciones.

Muchos consideran que esta sentencia política llegó con premeditada resonancia mediática para contentar la deriva totalitaria del negocio de la violencia de género, en tanto otros tantos se daban por satisfechos al no dejar dudas sobre el carácter intimidatorio y no consentido que algún juez navarro desestimó en primera instancia.

 Quince años con una revisión de condena inesperada a tenor del descontento popular que rugió en primera instancia, corrigieron la tibieza judicial que ponderó con cierta benevolencia los hechos que implicaban la sospecha de voluntariedad de la víctima durante la orgía.

La taxativa interpretación de lo acaecido en Pamplona parecía haberse regido por el sentido de urgencia con que se esperaba un agravamiento de las penas, siguiendo el curso de un juicio paralelo orquestado desde la reivindicación feminista y la protesta masiva en las calles. Esos grupos de cabildeo que callan cuando la víctima es vejada por, verbigracia, menas a los que además financian sus fechorías con generosas y mezquinas ayudas sociales.

Hay una Manada relevantemente encarcelada en tanto otras jaurías violan con el beneplácito de los medios de comunicación, hipócritamente interesados en silenciar el incremento de estos delitos por parte de extranjeros. Según el trato dispensado por el periodismo comprado para reforzar el totalitarismo del pensamiento único, existen manadas de primera y segunda división.

 Era evidente que una sentencia con este carácter de alarma social iba ser polémica sin que fuese posible encontrar una medida jurídica que contentara a una sociedad tan dividida como la nuestra, presa de polémica y degeneración sin límites. Los jueces sopesaron, previsiblemente sin prejuicio, unos actos que en su esencia conllevaban una crisis de valores en los que más de media España fue educada.

Pero vivimos en un siglo XXI tan confrontado como manipulado y en este caso, al margen de lo que se considere justo o injusto, la  condena, no podía ser de otro modo, iba a decidirse bajo una influyente presión social, aunque afectara en mayor o menor medida a los togados.

Finalmente y tras la tensión de las expectativas, el juicio paralelo se impuso al real y lo manifestó la protesta con acrecentada  polémica y confrontación; algo muy coherente en la medida de que afecta a toda la ciudadanía por indignación, si prescindiéramos del sospechoso toque demagógico con que se ejercitan. Lo último de Rubiales da medida al calibre de hipocresía que estila la manipuladora montero y su séquito de carnaza.

El juicio de los togados navarros  no pareció celebrarse con ligereza y realizó una pormenorizada investigación de lo sucedido. Para algunos la víctima había traspasado con voluntariedad los límites de la consciencia y la autoestima. Para otros la víctima fue violada sin consentimiento y se la forzó con la absoluta indefensión que representaba la actuación de cinco bestias contra una desvalida joven. El Tribunal Supremo falló lo que en la calle siguió sin estar claro.

A todo esto , otra manada de distinto cariz se lanza a la yugular de quien dio un beso sin autorización, convertido en agresión sexual, mientras se ocultan verdaderas agresiones sexuales porque los depredadores tienen nacionalidades que convienen a los hipócritas ministeriales. La víctima de la manada de Pamplona no comprende cómo se ha podido rebajar la pena a uno de ellos gracias a la ley del sólo sí. El desbarajuste es chapucero y hasta impunemente criminal.

 Lo que  demuestran estos hechos juzgados-y deberían llamar a la reflexión- es una absoluta carencia de respeto por la vida individual, la libertad y el sentido común que deberían presidir esta sociedad cada vez más desorientada y sacada de quicio…

Pero la Manada de Pamplona es solo una imagen pública, sistemáticamente publicitada, en tanto otros violadores, mucho más peligrosos, campan a sus anchas con la consigna de silencio en que coinciden malévolamente tantos medios de comunicación; los escandalizados con lo que en principio pareció una borrachera sexual según estimó el tribunal y convirtieron en violación sin atenuantes de voluntariedad por parte de la damnificada, hasta anunciar triunfalmente la condena del Supremo.

Esta honestidad profesional como bien público sería creíble si no fuese porque se trasluce el sectarismo más rastrero ocultando ataques sexuales con más violenta intimidación.

La diferencia es que los delincuentes sexuales organizados parecen gozar, hasta en los tribunales, de una impunidad rastrera si no se tratan de españoles.

Ignacio Fernández Candela (ÑTV España)