No es demasiado comprensible que Fernando Grande Marlaska haya sido reafirmado como ministro del Interior en el Gobierno y que Pedro Sánchez haya revalidado su confianza en él tras una trayectoria política que, más allá de conflictiva y deficiente en términos de gestión, se ha caracterizado por un sectarismo impropio de quien, como juez, siempre se comportó con respeto a las normas establecidas.
Marlaska pasó de ser un magistrado ejemplar a convertirse en el máximo admirador del sanchismo. Salvo que existan razones inconfesables, que desde luego no son públicas, es evidente que hasta en el seno del PSOE ha sorprendido la continuidad de un ministro ‘quemado’ y afectado por numerosos escándalos.
ABC revela hoy que la inmensa mayoría de los dispositivos de seguimiento utilizados por la unidad de elite de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico son balizas ilegales, adquiridas en plataformas comerciales de uso habitual a través de internet. Un agente de la Guardia Civil actualmente encarcelado, y acusado de facilitar información a un grupo de narcotraficantes, así lo ha denunciado ante el juez.
La irregularidad del Ministerio del Interior es grave, y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias porque no es de recibo que nuestras Fuerzas de Seguridad investiguen a los delincuentes con medios ilegales, no homologados oficialmente y sin autorización judicial, como denuncia el cabo preso. De probarse sus afirmaciones, cientos de procesos judiciales sobre el tráfico de drogas podrían quedar anulados.
Esta acusación contra Interior es sólo un eslabón más en la cadena de escándalos que ha protagonizado el departamento del que es titular Marlaska. Durante la pandemia, el ministro –lo cual es muy paradójico precisamente en un juez de carrera– se convirtió en el mayor exponente de la llamada ‘ley mordaza’, una ley, por cierto, que la izquierda se comprometió a derogar y que luego ha suprautilizado a conveniencia bajo la excusa de mantener la seguridad del Estado.
Marlaska abusó de ella, del mismo modo que falseó la realidad cuando sostuvo al inicio de su mandato que el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas iba a ser para «casos puntuales y estudiados que afectarán generalmente a reclusos sin delitos de sangre».
Los hechos han dejado en papel mojado aquella afirmación. Si se añaden la pésima reacción de Interior tras la invasión de cientos de jóvenes marroquíes en Ceuta en mayo de 2021, o durante la tragedia de la valla de Melilla en junio de 2022, con una veintena de inmigrantes muertos, es notorio que su gestión fue deficiente y carente de transparencia.
El sectarismo se vio también en la destitución arbitraria, y sancionada por los tribunales, del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos por pura animadversión después de que le exigiese datos judiciales secretos sobre la investigación de las manifestaciones del 8-M al inicio de la pandemia; en el cese del coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez-Corbí, o en el del propio Félix Azón al frente de la Benemérita.
