El texto de la proposición de ley registrado por el PSOE para conceder una amnistía total que dé por cancelados todos los delitos cometidos por el independentismo catalán desde 2012 supone un fracaso colectivo del Estado. Todos aquellos que delinquieron durante más de una decena de años con una declaración unilateral de independencia, dos consultas ilegales, la proclamación de numerosas normas inconstitucionales, el incendio de las calles con actos violentos considerados penalmente como terroristas, y la malversación de dinero público para financiar su agresión al Estado de derecho, quedarán impunes.
Sin antecedentes, sin delitos, sin penas y completamente rehabilitados. La proposición de ley implica el inédito reconocimiento del Estado de que nunca debió combatir punitivamente una embestida contra la unidad territorial, y lleva implícito el reconocimiento de un perdón colectivo a aquellos que fueron condenados por su sedición. Por ese motivo, ABC dice ‘no’ a una ley de amnistía que amplía la fractura social, que debilita al Estado, y que premia a quienes se han declarado públicamente adversarios hostiles de España.
ABC dice ‘no’ a una ley de amnistía que tiene claros visos de contravenir el espíritu y la letra de la Constitución y que genera una desigualdad patente entre españoles como precio a pagar para que el presidente del Gobierno revalide su investidura.
ABC dice ‘no’ a una factura de más de 100.000 millones de euros en cesiones que rompen el principio de lógica solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, creando un sistema de privilegios inasumible e impropio del carácter protector que la Carta Magna impone para todas las regiones en igualdad de condiciones.
ABC dice ‘no’ a una España confederal e identitaria compuesta de diferentes naciones o ‘reconocimientos nacionales’ que rompen el principio constitucional básico de la unidad nacional.
ABC dice ‘no’ a la aceptación de una ‘soberanía popular’ que sustituya normativamente al concepto nuclear de soberanía nacional, acuñado constitucionalmente como principio rector de nuestro sistema político y democrático.
ABC dice ‘no’ a fracturar la separación de poderes, a la sumisión y control del poder judicial a manos del poder ejecutivo, a la afectación en la independencia judicial por mínima que sea, y a la impunidad de los delitos de manera selectiva e injustificada.
ABC dice ‘no’ a la perversión de las instituciones, a su pérdida de funciones y representatividad, a su manipulación por parte del Gobierno, y a su debilitamiento y sometimiento por criterios políticos.
ABC dice ‘no’ a relatores internacionales para decidir sobre el presente y el futuro de España, y a la aceptación del ‘lawfare’ como ejercicio de revanchismo y mecanismo de venganza contra los jueces y policías que actuaron contra el separatismo ejerciendo sus funciones conforme a la ley y con legítimos criterios de justicia y equidad.
ABC dice ‘no’ a hipotecar el futuro de nuevas generaciones de españoles sometidos a una división y polarización constante que altere la normal convivencia, y dice ‘no’ a la imposibilidad de revertir o recomponer el daño que ahora esta ley inflige al Estado de derecho.
ABC dice ‘sí’ a una convivencia basada en el marco constitucional, en la paz social y en evitar una ruptura emocional entre españoles. Dice ‘sí’ a gobernar para la totalidad de ciudadanos, sean de la autonomía que sean y tengan la ideología que tengan, sin marginar a más de la mitad de los votantes y sin privilegiar al separatismo con prebendas, generosidad y privilegios que no merecen.
ABC
