La trata de seres humanos es, según nuestro propio Código Penal y manuales internacionales, uno de los negocios más prósperos y siniestros del planeta. Sólo las drogas o el contrabando contarían con unos beneficios mayores. La definición es muy clara: captar, trasladar o acoger personas mediante engaño, abuso o violencia, para someterlas a actividades delictivas, esclavitud o la prostitución, entre otras. El consentimiento de la víctima se podría llegar incluso como irrelevante ya que donde hay trata, lo único que no hay es libertad.
Las ONG de bandera solidaria que llevan años «rescatando» en alta mar cumplen, punto por punto, el esquema del delito. Captan a los inmigrantes allí donde las redes criminales los concentran, frente a costas y puertos seguros, llegan allí donde esas mafias no quieren o no pueden seguir, los transportan en buques bien financiados y los entregan en territorio europeo, de forma irregular.
El engaño pasa por disfrazar con el discurso de lo «humanitario» lo que en cualquier otro contexto se calificaría como cooperación necesaria con las mafias. Hechos por los que se llenan los bolsillos a través de subvenciones y ayudas millonarias. La última escena de esta obra se representa en Santa Cruz de Tenerife, donde el buque Open Arms ha atracado con alfombra roja política.
Fernando Clavijo, presidente canario, ha firmado un convenio que es del todo escandaloso. Durante dos meses, Open Arms dará charlas en colegios de las islas, financiadas con dinero público, para concienciar a menores sobre inmigración. Dicho de otro modo: propaganda subvencionada para normalizar la inmigración ilegal.
¿También se organizarán excursiones escolares para que los chavales vean cómo funciona la cadena de montaje del humanitarismo rentable? No deja de ser paradójico que se hable de la fragilidad de las pensiones en un mismo país en el que sí se considera sostenible gastar dinero en conferencias de quienes recorren miles y miles kilómetros para asistir a redes de tráfico en costas africanas. O que se pretenda «concienciar» a niños canarios con charlas sobre inmigración ilegal mientras los datos de Frontex alertan de infiltraciones de criminales y terroristas en esas mismas rutas.
Imagine por un momento que una gran empresa de comida rápida consigue acceder a las aulas para dar charlas sobre hábitos saludables. O que una casa de apuestas patrocine talleres en esos centros para concienciar sobre la ludopatía. ¡Sería un verdadero escándalo! Y ahora, los que están bajo la sospecha de colaborar con las mafias que trafican con personas, tienen su propio programa educativo. Hasta un niño lo entendería y lo grotesco es que son esos niños los que van a recibir esas lecciones manipuladas. Lobos, que alimentamos y engordamos entre todos, disfrazados de pastores.
España sigue de brazos cruzados, atrapada en una deriva donde ya no se distingue si desde el gobierno no se actúa por incompetencia, por malicia, porque forman parte de un plan mayor o, quizá, por una mezcla de todo ello. Lo que se nos vende como ayuda es, en realidad, una falsa caridad facturada, un barco que navega sobre la hipocresía oficial mientras lo que verdaderamente se hunde es nuestra soberanía.
Nuestra capacidad de decidir quién entra y quién no en nuestro territorio se delega en organizaciones que convierten la seguridad nacional en espectáculo y la ilegalidad en algo defendible.
Y mientras su negocio es a prueba de naufragios, sostenido por la complicidad política y la indulgencia mediática, el hundimiento será nuestro: el de un país que confunde solidaridad con inseguridad, caridad con negocio y derechos humanos con privilegios de ONG.
Alba Vila (La Gaceta)
