Pedro Sánchez ordenó a la Abogacía del Estado querellarse contra el juez Peinado porque la Presidencia del Gobierno fue «agraviada» por un supuesto delito cometido en la causa abierta a su esposa: no permitir que el presidente declarara por escrito.
Mostró Sánchez con la institución que dirige una sensibilidad extrema, la de todo un adalid de la dignidad del Estado, frente al blanco fácil de un juez de instrucción que no puede replicar en público. Argumento desmedido el del presidente a la vista de que la finalidad de la querella no es otra que intimidar a un juez molesto.
Esta reacción frente a Peinado, costeada con fondos públicos, contrasta con la humillación constante que sufre esa misma Presidencia del Gobierno por su titular ante un prófugo de la Justicia como Puigdemont. Todo el músculo que exhibe Sánchez frente a un juez de instrucción, se convierte en deferencia servicial con quienes aspiran a romper el orden constitucional de 1978.
Pero lo que agravia a la Presidencia del Gobierno es que su titular mendigue el apoyo de Puigdemont únicamente para seguir ocupando La Moncloa. Lo que agravia a la Presidencia es que su titular desprecie la función constitucional del Parlamento y quiera eludirla con una alternativa de corte autocrático.
Lo que de verdad agravia a la Presidencia del Gobierno es, en definitiva, que Sánchez no tenga límite alguno en su ambición de poder y esté dispuesto a reventar la capacidad financiera del Estado y la integridad de la seguridad nacional para comprar los voto separatistas que precisa.
No van a encontrar los nacionalistas una oportunidad de explotación de los recursos del Estado como la que les brindan Sánchez y su partido. Uno y otro están dispuestos a secundar la extorsión de Junts y ERC porque su prioridad es la permanencia en el poder.
Sabedor de la debilidad de Sánchez y los socialistas –y como hoy publica ABC– Puigdemont planteó a Santos Cerdán un ultimátum: «Si Sánchez quiere mis votos que venga a Waterloo» y si no se aviene «moción de confianza o se acabó», llegando incluso a amenazar con la publicación de las actas redactadas por el mediador salvadoreño (relator lo llaman ellos) sobre las reuniones que mantienen en el extrajero con el golpista prófugo.
Lo que para cualquiera sería un chantaje inasumible, esta alienación de las exigencias del separatismo, parece que los socialistas lo asumen gustosos. La situación ha llegado a tal punto de perversión que la satisfacción de las ambiciones de Sánchez se refleja en el deterioro ético de su forma de ejercer el poder.
La sociedad se enfrenta a la responsabilidad intransferible de defender su sistema democrático, en paralelo y al margen de las acciones políticas de los partidos de la oposición.
El ciudadano no ha de percibir el asalto a las instituciones del Estado, o las amenazas a jueces y periodistas, o las negociaciones del PSOE con un fugado de la Justicia como cosas de los políticos, sino como agresiones a su forma de vida cívica, a su propia dignidad política, verdadera víctima de la falta de escrúpulos de Sánchez.
ABC
