Antes o después tenía que llegar la previsible comparación entre la mesa de Ginebra del PSOE con Puigdemont y la del gobierno de Aznar con ETA. Para Pedro Sánchez esta era una comparación irresistible para su pulsión manipuladora de los hechos –fabrica hechos alternativos a conciencia de su falsedad–, aunque en este caso más parece que pone a Junts a la altura de la banda terrorista, y a Santos Cerdán como trasunto de los delegados de Aznar. Debería Sánchez cuidar un poco más sus malabarismos historicistas porque pueden tener doble filo.
En cualquier caso, la comparación, además de odiosa, como casi todas las comparaciones, es un dislate histórico. Aznar no pactó con ETA su investidura, ni su legislatura, ni leyes de impunidad, como ha hecho Sánchez con un prófugo de la Justicia. Aznar no mandó a un ‘fontanero’ de partido, sino a dos altos cargos de su ejecutivo y a un asesor personal, asumiendo así una responsabilidad propia de gobierno, y no de partido.
Aznar no pactó la tregua previa de ETA, que fue cosa del PNV y su Pacto de Estella con los terroristas, ni ofreció nada a los terroristas, quienes, tras una sola reunión, volvieron a la violencia porque nada iban a obtener por dejar de matar. Aznar no se ocultó a los medios de comunicación, ni al Parlamento, ni a los grupos parlamentarios, a los que La Moncloa informaba puntualmente de cada paso dado durante la tregua de ETA. Aznar no necesitó un mediador en Ginebra.
Si tanto le gusta a Pedro Sánchez el antecedente de Aznar, podría haber asumido en sus acuerdos con Junts y con Puigdemont –y ahora también con ERC y su propio ‘relator’– la transparencia de aquel encuentro con ETA, la información al Parlamento, el pacto con la oposición y la ausencia de precio político. Puede que Sánchez no lo recuerde, pero la consecuencia del Pacto de Estella entre el PNV y ETA y la vuelta de los terroristas a la violencia fue un acuerdo de Estado entre el PSOE y el Partido Popular por las libertades y contra el terrorismo en el año 2000.
Y, por supuesto, Sánchez se adhirió con entusiasmo al ‘lawfare’ con una versión bastante insolvente de este concepto, porque acusó al PP de hacer ‘lawfare’ con «el secuestro del Poder Judicial». El problema de Sánchez es que su falta de pudor político ya se queda corta para tapar la dimensión de su responsabilidad precisamente con el ‘secuestro’ del Poder Judicial, a cuyo Consejo General ha mutilado de competencias esenciales –gran trabajo de Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional para ratificar ese bloqueo a los jueces– y al que se niega a renovar en las condiciones en las que le piden la Unión Europea y el Consejo de Europa: sin politización. La deriva populista del presidente del Gobierno no tiene freno.
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