En el año 2020, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid inició una investigación para intentar esclarecer la responsabilidad de algunas autoridades políticas en el origen de la pandemia del Covid-19. Concretamente, en aquella causa fue imputado el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco por prevaricación, al permitir celebrar la manifestación del 8-M cuando existían evidencias suficientes que desaconsejaban autorizar concentraciones masivas.
La investigación del caso recayó en la Guardia Civil y el coronel Pérez de los Cobos cumplió con la ley y con el mandato judicial que ordenaba no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso. Acto seguido fue destituido.
Un escrito reservado y firmado por María Gámez señalaba que la pérdida de confianza que motivó la destitución se debió, precisamente, a la negativa de Pérez de los Cobos de filtrar si se habían hecho diligencias, de qué tipo y si éstas se habían enviado a la juez.
Unos datos que, sin duda, habrían sido de utilidad para los intereses del Gobierno y que, sin embargo, estaban procesalmente protegidos. Dicho de forma sencilla, al coronel se le destituyó por cumplir con su deber y con el imperativo legal de proteger el secreto de una investigación que podía comprometer al Gobierno.
Tras su reprobación en el Congreso el pasado mes de febrero, Fernando Grande-Marlaska sufre ahora un definitivo revés judicial. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el coronel Diego Pérez de los Cobos Orihuel, por lo que su cese al frente de la Comandancia de la Guardia Civil, ordenado por María Gámez y convalidado por el ministro del Interior, quedaría anulado.
A falta de que se conozcan los detalles de la resolución, el sentido del fallo coincide ahora con la sentencia adoptada en primera instancia por el Juzgado Central y tras la cual el coronel había solicitado su restitución como jefe de la Comandancia madrileña.
Sin embargo, contra aquella primera sentencia, Interior interpuso un recurso que propició un nuevo fallo de la Audiencia Nacional que daba por buena la destitución. La decisión de ayer del Tribunal Supremo ratifica definitivamente la primera resolución judicial lo que deja al ministro del Interior en una situación difícilmente sostenible.
Es de una indignidad alarmante que el titular de una cartera tan relevante como la del Ministerio del Interior, y que a la sazón es juez de carrera, autorizara la destitución de un subordinado por el mero hecho de cumplir la ley.
Que desde este ministerio se intentara coaccionar al coronel Pérez de los Cobos para que incumpliera el imperativo legal y judicial y que, posteriormente, se decidiera su destitución como forma de represalia revela una conducta profundamente antidemocrática e imposible de justificar.
A la vista de esta sentencia, no es imposible considerar que la dimisión de María Gámez pudo haberse decantado por la previsión, cuando no el conocimiento, de esta resolución. Sin embargo, es Fernando Grande-Marlaska el último responsable del injustificable relevo que ahora queda anulado.
Cabe recordar que, en aquellos días, el ministro intentó desviar la atención en varios momentos y trató de normalizar la destitución del coronel. Tras la nefasta gestión de los incidentes de la valla de Melilla sobre las que llegó a pronunciarse el defensor del Pueblo, y más allá del perjuicio profesional y personal generado a Pérez de los Cobos, quien ejemplarmente cumplió con su encomienda y su deber, el crédito del ministro del Interior queda irreversiblemente agotado.
ABC
