El presidente del Gobierno no midió con prudencia el alcance de sus palabras cuando respondió a las acusaciones de Víctor de Aldama afirmando que «las declaraciones de un presunto delincuente no me merecen ningún crédito», máxime cuando la Fiscalía y un juez sí que creen en ellas, una pidiendo su libertad y el otro, concediéndola a las pocas horas.
Bastaría con recordar a Pedro Sánchez que, en España, lo que se presume es la inocencia, no la culpabilidad, por mandato de la Constitución.
Pero como él hace tiempo que no se mueve en las coordenadas del Estado de derecho sí debería entender mejor el sentido de la oportunidad política, porque lo mismo que dice de Víctor de Aldama tendría que decirlo de su propia esposa, Begoña Gómez, quien, aun no estando en prisión provisional como el empresario amigo del PSOE, está igualmente investigada por un juzgado.
O de José Luis Ábalos, su mano derecha en el PSOE, ministro de Transportes y diputado por Valencia hace poco más de un año. O de Koldo García, portador de un pase privilegiado por los pasillos socialistas de Ferraz y del Gobierno; y de los que quedan por venir. Sánchez reconoce o niega credibilidad dependiendo de quién sea el presunto delincuente, porque el PSOE ha creído, y mucho, a presuntos delincuentes cuando el cuestionado era el PP.
Se da la circunstancia, ausente en el juicio descalificatorio del presidente Sánchez, de que ese «presunto delincuente» llamado Víctor de Aldama montó un viaje a España, con plan de reuniones, a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
También se paseaba libremente por los principales ministerios del Gobierno, tenía en agenda a algunos de los más destacados colaboradores del presidente -Ribera, Marlaska, Torres-, hacía negocios multimillonarios con sus departamentos, acudía a la fila VIP de actos del PSOE y hasta se hizo una amistosa foto con el propio Sánchez.
Y cuando el jefe del Ejecutivo sentencia que todo lo dicho por Aldama es falso, le convendría recordar cuántas veces él mismo ha dicho de esto o de aquello que es falso y no lo era; o que era verdad y no lo era. En el diccionario de Sánchez la mentira se llama cambio de opinión.
La reacción del PSOE es la lógica: negar rotundamente las comisiones ilegales y anunciar querellas por delitos de injurias y calumnias. Pero, políticamente, no hay querella que frene la embestida que el PSOE sufrió este jueves, ni las consecuencias de cuanto Aldama ha dicho y callado.
Hasta ahora, al PSOE le ha salido mal todo intento de cerrar procesos y callar jueces. Por el contrario, aumenta la lista de citas judiciales que inquietan a Ferraz, desde la de Gómez a la de Ábalos, pasando por Koldo y Aldama. Por supuesto, Aldama tendrá que probar cuanto ha dicho si quiere que tenga alguna relevancia en el proceso judicial en el que está inmerso; pero hay dos indicios, al menos, que apuntan a que sus declaraciones distan de ser fuegos de artificio.
Por un lado, se autoinculpa al reconocer que pagó comisiones ilegales producidas por contratos corrompidos. Como bien saben los juristas, cuando un sospechoso reconoce su propia responsabilidad da mucha fuerza a las acusaciones que vierte contra otros.
Por otro lado, si quiere forzar un acuerdo beneficioso con la Fiscalía, más le vale que detrás de cada imputación haya un mensaje en el móvil, un correo electrónico o una conversación grabada que las acredite. Si lo tiene, pronto se sabrá, porque Aldama ha lanzado un órdago del que ahora ya no puede retractarse.
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