No sería de extrañar que el día menos pensado, el corrupto presidente del gobierno pueda plantear esta dicotomía con un doble fin: de una parte, desviar la atención sobre los casos de corrupción que planean tanto sobre su familia como sobre su partido, y, de otra, granjearse el favor de sus socios de investidura que verían en ese horizonte alcanzar uno de sus objetivos más anhelados, al abrir las puertas de par en par a una República federal.
No hay duda de que un planteamiento de este tipo provocaría que toda esa inmundicia de la que estamos siendo testigos, pasaría de inmediato a un segundo plano, hasta el punto de que se pretendiera olvidar.
Por otra parte, reafirmaría los objetivos de ese frente popular que actualmente decide los designios de España, hasta el punto de convertirse en el leitmotiv, capaz de aunar todos los esfuerzos para lograr que tal ambición se convierta en realidad.
No hay que olvidar que los resortes del Estado, al menos una parte de ellos, están controlados y subsidiados por el partido que gobierna, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional ha avalado, sin recato, la Ley de amnistía por el mero hecho de que en la Constitución no figura su prohibición expresa. A esto hay que añadir algo que ya hemos escuchado antes, en el sentido de que las Cortes pueden aprobar cualquier Ley que no sea manifiestamente anticonstitucional por no figurar expresamente prohibida en el texto constitucional, circunstancia esta que, llegado el caso, debería dilucidar el antedicho Tribunal.
Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, siempre y cuando el Tribunal Constitucional fuese el árbitro neutral para dirimir entre lo que es Constitucional y lo que no lo es. Un órgano no sujeto a otras normas que no sean las de equidad, más allá de intereses políticos, sean del signo que sean. Sin embargo, ¿es este actualmente el caso que nos ocupa?
El artículo 1º de la Constitución española establece que España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, que tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Además, señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado, y que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
Sin embargo, en ningún caso, excluye de forma manifiesta que el Estado no pueda constituirse, de acuerdo con la voluntad de las Cortes, donde según dice reside la soberanía del pueblo, en una República.
Efectivamente, la Constitución no alude a la prohibición expresa de la amnistía, aunque sí lo hace con relación a los indultos generales, una figura muy por debajo del concepto de la amnistía. Pese a todo, para el Tribunal Constitucional, este hecho de no figurar expresamente referida su prohibición en el texto constitucional fue suficiente para que no se declarase anticonstitucional. En consecuencia, se puede esperar cualquier cosa.
Que el gobierno actual contraviene la Constitución es algo notorio y conocido por todos; de hecho, por poner un ejemplo, el artículo 134.3 establece la obligación del Gobierno de presentar proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de la expiración del correspondiente al año anterior.
Posteriormente, corresponde a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Algo que, desde luego, se han saltado a la torera por mucho que la Constitución lo refiera expresamente.
Todavía veremos, disfrazado de alguna manera, cómo los catalanes celebrarán su referéndum de independencia, aunque sea oculto bajo la careta de “un referéndum no vinculante” u otra artimaña por el estilo que, sin embargo, caso de que el resultado fuese favorable supondría la separación de España de las cuatro provincias catalanas, por las buenas o por las malas.
Tampoco tal consulta se podría realizar de acuerdo con el texto constitucional que establece, en su artículo 2º la unidad de España como principio fundamental; sin embargo, al igual que en el caso de la amnistía, la Constitución tampoco lo prohíbe de forma expresa y manifiesta, por tanto, ya le buscarían un acomodo legal todos esos que son fieles lacayos del socialismo gobernante.
En consecuencia, tampoco estamos tan lejos de que alguien comience a plantearse la dicotomía entre monarquía o república; un anhelo perseguido por las izquierdas desde tiempo inmemorial, en la estúpida creencia de que el concepto República es siempre sinónimo de izquierdas, como así demostraron estos mismos tras las elecciones de 1933 en que, pese a ganar las derechas -el caso se repite-, no las dejaron gobernar. En cualquier caso, esto les servirá, como queda dicho, para distraer la atención sobre los graves casos de corrupción que están asolando España y de los que son responsables directos los socialistas.
Muy probablemente, muchos dirán que plantear esto es una barbaridad, de todo punto inviable. Sin embargo, estamos viendo como cosas que jamás nos imaginábamos que podrían llegar a suceder se están haciendo realidad cada día.
Para estos desquiciados y corruptos socialistas que gobiernan no existen otras líneas rojas que las que ellos y sus socios marcan, el resto, con tal de perpetuarse en el poder, es válido, aunque constituya un auténtico dislate.
En cualquier caso, ¿ quién se iba a imaginar el 10 de abril de 1931, lo que iba a suceder, tan solo cuatro días después, como consecuencia del fraudulento resultado de unas elecciones municipales?
La corrupción es tan alarmante, y todavía no sabemos más que una ínfima parte de lo sucedido, que en un escenario como este, cualquier cosa es posible y mucho más viniendo de una gentuza sin escrúpulos para la que cualquier cosa es válida con tal de mantenerse en el poder.
Así que mucho cuidado y que la Corona se cuide muy mucho de dar pasos en falso, ya que, al final, como sucedió en 1931, ni tan siquiera los monárquicos moverán un dedo para salvar al Rey.
Eugenio Fernández Barallobre (ÑTV España)
