Hubo un tiempo en que los padres les decían a sus hijos aquello de: «Estudia, trabaja y podrás comprarte una casa». Era una especie de contrato social no escrito que funcionó razonablemente bien durante décadas. Hoy, en cambio, la frase ha evolucionado hasta convertirse en: «Estudia, trabaja, ahorra, reza, compra un cupón de la ONCE y, si alinean los planetas, quizá puedas alquilar una habitación con vistas al patio interior».
La emancipación juvenil en España se ha convertido en una disciplina olímpica mucho más difícil que el salto con pértiga. Nuestros jóvenes no compiten contra otros países; compiten contra los precios de la vivienda, los impuestos, la inflación, las hipotecas y, en ocasiones, contra la propia lógica.
Mientras tanto, el Gobierno presume de recaudar más dinero que nunca. Las arcas públicas rebosan como nunca antes, pero los pisos siguen siendo una especie protegida al alcance de unos pocos privilegiados. Los jóvenes observan los escaparates inmobiliarios del mismo modo que uno contempla un Ferrari aparcado: saben que existe, pero también saben que no es para ellos.
Para acceder a una vivienda en propiedad se necesitan, de media, unos 66.000 euros de entrada. Una cifra que para muchos jóvenes resulta tan alcanzable como financiar un viaje turístico a Marte.
Y en el mercado del alquiler la situación no mejora demasiado. Los precios suben con más alegría que los discursos gubernamentales y la oferta disminuye a una velocidad preocupante.
Naturalmente, las explicaciones oficiales nunca faltan. La culpa suele recaer sobre el cambio climático, los fondos de inversión, los mercados internacionales, la alineación de Saturno o cualquier otro fenómeno suficientemente lejano como para evitar responsabilidades domésticas.
Sin embargo, hay preguntas incómodas que siguen esperando respuesta. ¿Qué ocurre cuando los propietarios tienen miedo a alquilar por la inseguridad jurídica? ¿Qué pasa cuando la okupación y la inquiokupación generan incertidumbre? ¿Y qué sucede cuando se construye menos vivienda de la que demanda la población? La respuesta es sencilla: menos oferta y precios más altos.
Pero quizá el verdadero problema sea de prioridades.
Porque dinero parece haber para todo. Hay recursos para crear nuevos organismos, multiplicar asesores, financiar campañas de imagen, subvencionar ocurrencias estrambóticas y mantener una maquinaria administrativa cada vez más pesada. Sin embargo, cuando se habla de construir vivienda social suficiente, la caja registradora empieza a sonar como una hucha vacía.
Tal vez habría que recuperar un viejo principio de sentido común: menos joyas y más ladrillo. Menos propaganda y más viviendas. Menos favores políticos y más inversiones productivas. Menos titulares y más soluciones.
Mientras tanto, en el Congreso continúan los espectáculos habituales. Entre aplazamientos, bloqueos parlamentarios y maniobras reglamentarias, la política nacional parece más preocupada por conservar sillones que por facilitar techos. La reciente paralización de iniciativas destinadas a aumentar la presión política sobre el Gobierno ha alimentado rumores sobre una posible moción de censura.
Y como ocurre en las rifas de barrio, hay quien comenta que ya se están vendiendo papeletas.
La diferencia es que aquí el premio no es una cesta de Navidad.
Es La Moncloa.
Y mientras los políticos juegan a las estrategias parlamentarias, millones de jóvenes siguen haciéndose la misma pregunta existencial:
¿Emanciparse?
No, hombre, no.
Primero habrá que conseguir sobrevivir.
Salva Cerezo
