Un año después de la dana que devastó la Comunidad Valenciana, el balance político y moral de aquella tragedia sigue siendo una herida abierta en el Estado. Con 229 muertos y decenas de municipios arrasados, la catástrofe del 29 de octubre de 2024 no fue un episodio meteorológico excepcional, sino una emergencia nacional en toda regla.
Así lo afirmó desde el primer momento este periódico, y así lo confirman los hechos. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez eligió no actuar como Estado, sino como espectador. La inacción fue una decisión política, y la ausencia de rendición de cuentas hasta hoy, una prolongación calculada de esa decisión.
En la Comunidad Valenciana, parte de las responsabilidades políticas ya se han hecho valer. La dimisión de Carlos Mazón esta semana, un año después de los graves errores de juicio cometidos el día del suceso, cierra un ciclo de responsabilidad autonómica que comenzó con la salida de la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, cesada semanas después de la tragedia.
Acciones judiciales al margen, ambos han respondido políticamente ante la magnitud de los hechos. El Gobierno central, en cambio, sigue sin hacerlo. Ni ha reconocido errores ni ha explicado su inacción ni ha asumido su cuota de responsabilidad ante el fracaso colectivo del sistema de protección civil.
El quinto punto es la falta de coordinación. El general Gan Pampols lo resumió así: «Quien debía coordinar, no lo hizo». No hubo mando único ni comisión mixta ni voluntad de articular un sistema común de respuesta. Cada administración operó en solitario, y el Estado abdicó de su papel vertebrador.
El sexto, la reconstrucción, que se convirtió en otro ejemplo de burocracia paralizante: de los 1.745 millones movilizados por el Gobierno, apenas un 23 por ciento está tramitado. Los ayuntamientos no pueden ejecutar las obras, los fondos corren el riesgo de tener que devolverse con intereses y los vecinos siguen viviendo entre el barro y la resignación.
El séptimo punto, el más revelador, concierne a la Seguridad Nacional. La noche de la dana, Moncloa improvisó un supuesto «comité de crisis» en el búnker presidencial, sin actas, sin técnicos y sin la directora del Departamento de Seguridad Nacional. Se dejó fuera al CNI y al Jemad, y se optó por una reunión sólo política presidida por Montero.
el Consejo de Seguridad Nacional ni el Comité de Situación fueron convocados. La ley se ignoró deliberadamente para evitar controles y responsabilidades. Aquella noche, en el corazón del Estado, se sustituyó la gestión de la emergencia por una representación teatral.
El resultado fue una parálisis institucional que prolongó el sufrimiento de las víctimas y dejó en evidencia la fragilidad de la gobernanza española ante catástrofes de esta magnitud. Mientras las comunidades asumen las dimisiones y los errores, el Gobierno central se protege tras la niebla de los procedimientos. El caso valenciano no es ya un episodio de meteorología extrema: es un espejo del deterioro del Estado en su capacidad de respuesta y en su cultura de rendición de cuentas.
ABC lo dijo entonces y lo repite hoy, un año después: la dana fue una emergencia nacional, y la negativa del Gobierno a declararla fue una abdicación del Estado. Las dimisiones autonómicas no pueden ocultar la ausencia de responsabilidad política en el nivel donde más falta hace. La España institucional no puede seguir viviendo de simulacros.
Porque cuando el poder se convierte en un ejercicio de propaganda, lo que muere no es solo la eficacia del Estado: muere su autoridad moral.
ABC
