Cuando la culpa siempre viaja en dirección contraria al poder.
En la Edad Media, cuando aparecía un cadáver y no se encontraba al asesino, los vecinos podían acabar pagando una multa. Para librarse del castigo, algunos recurrían a una solución tan ingeniosa como miserable: cargar con el muerto y dejarlo en el pueblo de al lado. Así, el problema cambiaba de municipio y la conciencia, si la había, se quedaba tan tranquila.
Han pasado siglos, hemos llegado a la inteligencia artificial, mandamos cohetes al espacio y hasta discutimos si las máquinas acabarán gobernándonos. Pero hay algo que no ha evolucionado absolutamente nada: la habilidad de algunos para convertir su propia responsabilidad en un problema ajeno.
En política, esta vieja costumbre ha alcanzado categoría de arte. Cuando las cosas funcionan, abundan los padres de la criatura; cuando fracasan, el niño resulta huérfano. Si hay éxitos, se inauguran placas, se convocan ruedas de prensa y se reparten medallas. Si hay desgracias, aparecen las herencias recibidas, los protocolos, los técnicos, la oposición, el cambio climático y, si hace falta, el mismísimo sursum corda.
Y llegamos a las tragedias ferroviarias, donde el dolor de las víctimas y sus familias debería estar muy por encima de cualquier batalla partidista.
La controversia sobre la difusión de la conversación entre el maquinista fallecido y el centro de control ha puesto sobre la mesa una cuestión delicada: ¿se busca esclarecer lo ocurrido o se pretende orientar desde el principio el reparto de responsabilidades?
Si se utiliza una comunicación parcial para apuntalar una explicación antes de que concluya la investigación, el riesgo es evidente: convertir una prueba que debe analizarse con rigor en un argumento para la disputa política.
Determinar qué sucedió exige examinar todas las evidencias, reconstruir la secuencia de los hechos y escuchar a los expertos. Una conversación, por relevante que sea, no sustituye por sí sola una investigación completa. Y atribuir la tragedia a un error humano sin conocer el conjunto de las circunstancias sería tan precipitado como exonerar de antemano a cualquier responsable político.
Porque una cosa es establecer la responsabilidad directa de quien comete un error y otra muy distinta utilizar ese posible error para cerrar el debate sobre los sistemas de seguridad, los protocolos, la supervisión y las decisiones que corresponden a quienes dirigen los servicios públicos.
La responsabilidad política no consiste en haber conducido personalmente el tren, sino en responder por aquello que estaba bajo la obligación de gestionar, supervisar o garantizar.
Naturalmente, eso no convierte a ningún político en culpable automático de un accidente. Para eso están los hechos, las investigaciones y la justicia. Pero tampoco permite que quien ocupa un cargo público se esconda detrás de un trabajador fallecido, como si la muerte de una persona pudiera convertirse en un conveniente punto final administrativo.
Y aquí aparece la gran paradoja, cuando un ciudadano corriente se equivoca, debe dar explicaciones; cuando un cargo público tiene que darlas, a veces parece que lo verdaderamente extraordinario es conseguir que alguien se las pida.
El muerto medieval se trasladaba de noche, a escondidas y en un saco. El muerto político viaja hoy en declaraciones, comunicados y filtraciones. Ya no hace falta cruzar la frontera del pueblo vecino, basta con cruzar la línea que separa la responsabilidad propia de la ajena.
Y si el vecino protesta, siempre queda el recurso de acusarlo de aprovecharse de la desgracia.
Eso sí, las víctimas no resucitan con una rueda de prensa, las familias no encuentran consuelo en una guerra de versiones y la confianza pública no se recupera buscando a quién endosarle la factura.
Porque gobernar no significa tener la culpa de todo lo que sucede, pero sí dar la cara cuando sucede algo grave. Y asumir que una investigación independiente puede señalar errores en varios niveles, incluso en aquellos que preferirían no aparecer en la fotografía.
Al final, el problema no es que alguien intente echarle el muerto a otro. El problema es que, mientras todos se lo pasan, nadie parece dispuesto a levantar la tapa del saco y averiguar qué ha ocurrido realmente.
Como escribió Carlos Ruiz Zafón: «Loco es aquel que se tiene por cuerdo y cree que los necios no son de su condición».
Y yo añadiría que en política, el verdadero peligro comienza cuando quien debe rendir cuentas se convence de que la culpa siempre vive en la casa de enfrente.
Porque los muertos no necesitan que nadie les eche más peso encima. Los vivos necesitan la verdad, las víctimas merecen respeto y los ciudadanos tienen derecho a exigir responsabilidades.
Y al que le corresponda dar explicaciones, que no salga corriendo con el saco. Una pregunta: ¿hay profesionales expertos en los puestos de responsabilidad, o amiguetes de rédito político?
Salva Cerezo
