Para un Gobierno que presume a diario de que su razón de ser es mejorar la vida de los ciudadanos, la comparecencia de dos de sus miembros para lamentar públicamente que los indicadores de pobreza y exclusión social están peor que cuando Pedro Sánchez llegó al poder, en junio de 2018, es una enmienda a la totalidad y el reconocimiento de la insolvencia diaria a la que han sometido a los españoles.
Con un 26,5 por ciento, la pobreza y la exclusión es hoy cinco décimas más elevada que en el último ejercicio de Mariano Rajoy y está cinco puntos porcentuales por encima del promedio europeo. Pero si este indicador es malo, el de la pobreza infantil, que constituyó uno de los temas preferidos de Sánchez para hacer oposición al Gobierno del Partido Popular en las sesiones de control, resulta escandaloso, pues se sitúa ya diez puntos porcentuales por encima de la media europea. Cabe recordar que el presidente del Gobierno llegó a crear un comisionado contra la pobreza infantil para resolver este problema.
Tanto el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ambos encuadrados políticamente en la izquierdista Sumar, presentaron ayer la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza 2024-2030, aprobada por el Consejo de Ministros el 23 de diciembre pasado. Ambos parecían ignorar que la coalición formada con el PSOE lleva gobernado directa o indirectamente desde hace cinco años y medio.
Por eso sonaba extraño cuando Bustinduy pedía rectificar los «inaceptables datos con los que convivimos» y con tono dramático añadía: «No podemos normalizar que uno de cada tres niños en España viva en una situación de pobreza. Moralmente no nos lo podemos permitir».
Sin embargo, a la hora de definir políticas y plantear soluciones, el ministro, que ha heredado la cartera que en su momento ocuparon Pablo Iglesias y Ione Belarra, prefirió insistir en intervenir el mercado inmobiliario ante la escasez de vivienda que le debe parecer un asunto más fácil de solucionar que la pobreza infantil.
La ministra Rego compartió el tono de su correligionario y ambos abogaron por alcanzar un pacto de Estado para crear una Prestación Universal por Crianza que supondría 200 euros al mes desde los 0 a los 18 años, independientemente de la renta familiar. Más de lo mismo en una estrategia de poner parches en vez de focalizar las ayudas sociales y evitar que se consolide el asistencialismo.
