Acusa al ponente, Antonio Narvaez, de haber participado en un acto con Feijóo en el 2023 en el que mostró su deseo de que gobernara.
La suspensión de la Ley de Nietos ha encendido las alarmas del gobierno. Bolaños busca magistrados afines para tratar de llevar el asunto al Pleno. En paralelo, El País publica que el ponente, el juez Antonio Narvaez, mostró su deseo de que Feijóo fuera presidente en el 2023.
Lo que realmente ocurrió es que en el marco de las elecciones del 2023 la Asociación de Fiscales organizó una cena. Narvaez cogió la palabra y preguntó a Feijóo que haría si alcanzara la presidencia del gobierno, cosa que -dijo- deseaba “como ciudadano”, matizando que habiendo dejado de ser magistrado del Constitucional se podía manifestar públicamente.
Entonces era fiscal de Sala del Supremo. Fue nombrado juez del Supremo en septiembre de 2025. Es decir, no deseó la victoria de Feijóo como juez del Supremo. Pero es que -además- la aceptación de las cautelares de la Ley de Nietos fue tomada por cinco de los seis miembros de la Sala.
Es decir, pretender convertir la decisión del Supremo en ‘lawfare’ es una estrategia ruin, falsa que además deteriora la institucionalidad y la necesaria confianza en la Justicia.
Otra cosa es que el posicionamiento personal del 2023 no quede estético en el 2026. Por eso los jueces deberían de ser escrupulosos en sus posicionamientos públicos como apuntó este jueves la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, en la apertura del año judicial.
Perelló denuncia que se atribuya a los jueces “propósitos políticos” y señala como “especialmente grave” si dichas críticas provienen de quien ejerce responsabilidades institucionales. Y Bolaños delante…
Lo relevante es que el Supremo considera que mantener el derecho de voto de las nacionalizaciones express produciría un “riesgo fundado, real y serio” de afectar a la “objetividad y transparencia” del proceso electoral. Y esa no es la tesis de Vox, como sostiene El País.
Es la tesis de Vox, Iustitia Europa, PP, El Debate y de todos los que se han acercado con interés a estudiar la polémica instrucción de Sofía Puente y sus efectos sobre el censo.
El problema es que aunque el Supremo haga su trabajo, el Constitucional lo podría desbaratar y consolidar el pucherazo. El Supremo resolverá el fondo con agilidad para que no haya elecciones sin la seguridad necesaria.
El problema es que esa misma celeridad se puede volver en contra del sentido común ante un órgano que actúa ‘de facto’ como tercera instancia legislativa y verdadero Supremo del Supremo. Una anomalía institucional de factura elevadísima.
Luis Losada Pescador (Actuall.com)
