El debate en el mundo judicial es elevado. Desde hace días se baraja la posibilidad de un boicot judicial al acto de apertura del año judicial por la presencia del imputado Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Finalmente no habrá boicot porque lo considerarían un feo institucional al Rey, que preside el acto.
Sí piden al menos que la presidenta, Isabel Perelló, sea contundente. Sobre todo después del último ataque del presidente del Ejecutivo al poder judicial: “hay jueces que hacen político”. La portavoz Pilar Alegría remacha: “no pasa nada por llamar a las cosas por su nombre”.
Desde el PP -sin embargo- elevan el tono. Feijóo no sólo advierte que Sánchez es un “peligro” para la democracia sino que ha decidido ausentarse del acto como ya ha anunciado a SM el Rey; acudirá a un evento organizado por Ayuso a la misma hora. Puntería. Objetivo: “no dar normalidad” a la presencia de un Fiscal General imputado
¿Podría el Rey ausentarse? Podría. Pero provocaría un choque institucional de primer orden. Así que lo más probable es que acuda, esté correcto y lance un mensaje de respeto a la independencia del poder judicial como garantía de la democracia y la convivencia.
¿Y la presidenta del Supremo?, ¿podría hacer algo más que endurecer su discurso? Podría. Hay un antecedente: en 1996 el presidente del Supremo decidió suprimir de la cabecera del acto a la ministra de Justicia y al Fiscal General del Estado. Se puede. Pero hace falta coraje.
El mismo que tiene ‘Alvarone’ para permanecer en el cargo a las puertas del procesamiento.
Luis Losada Pescador (Actuell.com)